Tanto los altos funcionarios de gobierno como los voceros de los sectores económicamente dominantes han argumentado, con un notable tono de certeza, que la promoción de las Asociaciones Público – Privadas (APP) son una necesidad que surge de la escasez de fondos públicos.

Es así que en la exposición de motivos utilizada para intentar justificar la ahora vigente Ley de las APP, se arguye que de "la limitación presupuestaria e índices de endeudamiento del Estado, así como a las presiones a las finanzas públicas, resulta evidente que es preciso reformar el marco legal en Panamá", concluyendo, entonces, que "así las cosas, la incorporación del sector privado con la movilización de sus recursos técnicos y financieros facilitaría el desarrollo de… proyectos en favor de la población."

Esta posición, sin embargo, se derrumba en cuanto se analiza el problema de los ingresos públicos.

Para comenzar, se debe señalar que Panamá cuenta con un sistema tributario débil en términos de recaudación.

En efecto, de acuerdo con un documento publicado en el 2017, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), nuestro país resulta ser el país con la segunda menor carga tributaria de América Latina.

Esta es de apenas 11.7% del producto interno bruto (PIB).

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De acuerdo con el BID, aún si se suman los ingresos que recibe el Gobierno central del Canal de Panamá junto a otras entradas, la llamada presión fiscal sigue siendo la cuarta más baja de la región (19.8% del PIB).

A esto se le suma un problema grave, problema vinculado con la evasión fiscal.

Es así que, de acuerdo con estadísticas divulgadas por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (DGI), durante el año 2016, último período para el que se cuenta con datos publicados, el incumplimiento en la recaudación de impuestos, es decir la diferencia entre la recaudación teórica y la efectiva, alcanzó a $ 4,774.9 millones, cifra que representó el 8.2% del PIB corriente de ese año.

El impacto de este indicador relacionado con la evasión fiscal se hace más claro si se tiene en cuenta que su magnitud en el 2016 se equipara con el 91.0% del gasto público en consumo y, alternativamente, con el 123.4% del total del gasto público en inversiones (formación bruta de capital).

Esto prácticamente hecha por tierra el argumento de los proponentes de las APP.

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Es conveniente señalar que el 90.6% del incumplimiento en la recaudación de impuestos, que alcanza una suma de $4,300.9, se refiere a los impuestos sobre la renta de personas jurídicas y el impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS).

Esto muestra que el fenómeno de la evasión está altamente correlacionado con el sector empresarial, esto es con el beneficiario directo del desarrollo de las APP.

Es este mismo sector social el que mantiene cerca de 101,084 trabajadores asalariados en la condición de trabajadores informales de las empresas formales, debido a que los mismos no son registrados por sus empleadores en la Caja de Seguro Social (CSS), dando lugar a la evasión de las cuotas correspondientes.

Las APP fueron argumentadas e impuestas con una falsa premisa.

Esto se hizo con la complicidad de hasta los diputados independientes.

Economista