Lo que dice y no dice el Banco Interamericano de Desarrollo
Mientras la institucionalidad panameña esté marcada por la presencia del Estado depredador al servicio de los sectores económica y políticamente dominantes, difícilmente se podrá avanzar hacia una sociedad equitativa, basada justicia social y sostenibilidad ambiental.
Panamá es considerado como el sexto país con peor distribución del ingreso en el mundo. Foto: Archivo.
El reciente documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Panamá, titulado "Desafíos para consolidar el desarrollo", contiene elementos importantes para entender la realidad de nuestro país, pero también carece de una clara definición sobre el problema de las fuerzas actuantes que retrasan el desarrollo equitativo y ambientalmente sostenible del mismo.
El documento señala claramente que entre el 2006 y el 2017, la economía panameña se expandió notablemente, alcanzando un ritmo de crecimiento anual del PIB de 7.2%.
Esto permitió que Panamá mostrara ahora el más alto nivel de ingreso por persona de América Latina, a la vez que pasó a ser considerado por el Banco Mundial como país de alto nivel de ingresos.
Sin embargo, como lo destaca el documento, nuestro país sigue mostrando altos niveles de pobreza y de desigualdad.
Basta con recordar que el 32.8% de los niños, niñas y adolescentes panameños se encuentran en condición de pobreza multidimensional, a la vez que Panamá es considerado como el sexto país con peor distribución del ingreso en el mundo.
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Pese a los aciertos presentados en el documento del BID, el mismo no profundiza en el papel que los sectores económica y políticamente dominantes del país juegan en esta situación.
Estas son fáciles de destacar.
Para comenzar, estos sectores con su dominio sobre el Estado mantienen un sistema tributario regresivo en su favor.
En efecto, a este respecto el BID reconoce que la recaudación fiscal en Panamá, que equivale al 10.9% del PIB, representa la segunda presión fiscal más baja de América Latina.
Más aún, si se suman los ingresos del fisco provenientes del Canal, Panamá sigue mostrando la cuarta presión fiscal equivalente más baja de la región (19.8%).
Es claro, entonces, que la renta del Canal de Panamá sirve básicamente para que los más ricos paguen pocos impuestos.
Esto queda más evidenciado si adicional a lo anterior se tiene en cuenta que, de acuerdo con el BID, el gasto público social se encuentra entre el 8.5% y el 9.0% del PIB, "cifra tres puntos inferior al promedio de América Latina y casi la mitad de Chile y Uruguay".
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Se cae así el argumento de Apede sobre los subsidios sociales.
Nos encontramos frente a un Estado depredador al servicio de los sectores dominantes, hecho que se confirma con la presencia de actos de corrupción generalizados, en los que el sector privado ha jugado un papel central, cuyo costo algunos calculan en 1.0% y otros en hasta en 4.0% del PIB
También vale la pena recordar que el país se ha visto sometido a una extracción de excedentes hacia el exterior.
Si se compara el PIB y el Ingreso Nacional Bruto se puede establecer que solo en el 2016, esta alcanzó a $5.8 miles de millones, cifra superior a la inversión extrajera directa neta que ingresó al país ese año ($4.9 miles de millones).
Mientras la institucionalidad panameña esté marcada por la presencia del Estado depredador al servicio de los sectores económica y políticamente dominantes, difícilmente se podrá avanzar hacia una sociedad equitativa, basada justicia social y sostenibilidad ambiental.
Economista.