Monopolios y falta de libertad económica

Washington / AIPE - Desde la puerta de su iglesia, el reverendo Nathaniel Craigmiles observa su barrio en Chattanooga, destrozado por la pobreza y el crimen. Todos los días es testigo de los daños causados por las pandillas. Eso no lo sorprende. La verdad es que él decidió establecer su iglesia en el peor sitio de la ciudad para ayudar a gente que vive en condiciones verdaderamente trágicas.
Lo que sí lo sorprendió es que las autoridades lo trataran a él como delincuente, amenazándolo con prisión. El encontronazo con la justicia ocurrió cuando el reverendo Craigmiles abrió un local junto a la calle para vender ataúdes baratos a sus feligreses y demás miembros de la comunidad. Pero resulta que el reverendo no tiene una licencia de director de funeraria y eso es un delito en el estado de Tennessee. Los infractores encaran una multa de 50 dólares o 30 días de cárcel por cada urna vendida sin licencia.
Si viajamos 90 millas a Knoxville y visitamos un vecindario totalmente diferente, en una zona comercial muy próspera encontramos la Tienda de Urnas, mostrando la mercancía en un ambiente bien iluminado y elegante. Pero si se queda por unos minutos en la tienda se dará cuenta que los clientes les dicen que no se les puede vender ninguna urna, a pesar de la insistencia de estos debido a precios muy razonables. Resulta que la dueña, Angela Brent, tampoco tiene licencia de directora de funeraria y, a los pocos días de abrir su tienda recibió una orden de la Junta de Directores de Funerarias y Embalsamadores de Tennessee prohibiendo toda venta. Por ello, usted puede comprar allí lápidas, tarjetas de entierro y pequeños ataúdes para gatos y perros, pero no para gente.
El reverendo Craigmiles y la señora Brent se convirtieron en delincuentes debido a la existencia de una ley diseñada para proteger al cartel de la industria funeraria de toda competencia. La ley estatal, promulgada en 1972 obliga a cualquiera que aspire vender "mercancía funeraria" a tener una licencia. Eso se aplica aún en estos casos donde ni el pastor ni Angela Brent no ofrecen hacer los arreglos relativos al entierro sino que sólo venden la urna.
Obtener la licencia significa dedicar dos años a ello. El primero asistiendo a una academia de directores de funerarias aprobada por el estado y el segundo sirviendo de aprendiz. Luego el candidato debe pasar un examen sobre prácticas funerarias.
El negocio de los entierros es un jugoso negocio en Estados Unidos, con ventas de 25 mil millones de dólares al año. Cada año se entierran a más de dos millones de personas en este país y de ello se ocupan unos 22 mil establecimientos.
Lamentablemente, el costo de los funerales ha aumentado tres veces más que el costo de la vida en los últimos cinco años. Cuando se terminan de sumar las cuentas, el costo promedio de un entierro es de alrededor de 8 mil dólares. Para las familias pobres, el funeral es la tercera inversión más grande que hacen en su vida; después de la vivienda y el automóvil.
Lo más caro de los funerales es la urna, debido al gran margen de utilidad que retienen las funerarias. A menudo significan entre un tercio y la mitad del costo total de los entierros tradicionales. Y esa es la razón por la que el reverendo Craigmiles y la señora Brent decidieron vender ataúdes con descuentos de 30% a 50% de los precios de las funerarias. Y, desde luego, el público acudió atraído por los bajos precios, hasta que las autoridades les cerraran las puertas.
El vergonzoso tratamiento recibido por Craigmiles y Brent es posible porque la libertad económica no goza de protección constitucional. Los tribunales suelen poner un sello de goma aprobando las frecuentes barreras impuestas por los gobiernos locales y estatales a la actividad empresarial honesta.
Por no haber ninguna razón de salud ni de seguridad pública que justifica la prohibición de ventas de urnas en Tennessee, el Institute for Justice que presido no descansará hasta revertir judicialmente esa injusta ley, que como suele ser el caso afecta principalmente a los más débiles de nuestra sociedad. En el Institute for Justice nos dedicamos a defender a individuos que luchan contra el abuso gubernamental.