Optar por destruir la solidaridad es una infamia

Utilizando nuevamente las páginas de la prensa manipulada por los intereses de la oligarquía financiera, uno de los miembros del "grupo de los preocupados", apoyándose en la idea de que hace falta hacerle frente al problema, insiste nuevamente en la propuesta de destruir el modelo solidario de pensiones, pasar a prácticamente todos los asegurados al sistema de cuentas individuales, el cual sería manejado por empresas del sector financiero. Se trata de una posición que dista mucho de ser científica.

Dado que el régimen solidario (exclusivo de beneficio definido) tiene un grave problema financiero, resulta fundamental, para mantenernos en una lógica científica, precisar el origen del mismo. Este se encuentra en la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, la cual significó que desde el 2008 ningún nuevo cotizante puede ingresar al modelo solidario.

Con esto, el Gobierno y los empresarios del sector financiero que promovieron esta Ley, rompieron la cadena de solidaridad que tipifica al sistema de beneficio definido, condenándolo a muerte. Ya en 1999, los economistas Uthoff y Bravo habían calculado que este tipo de acción significaba un costo de transición equivalente al 145.0% del PIB. Hoy el "preocupado" se rasga las vestiduras por ese tipo de costo, sin embargo, evita aclarar su origen.

El "preocupado", en un intento por impresionar al lector, insiste en que su análisis es matemáticamente neutro. Sin embargo, como se demuestra a continuación, se trata de una forma sesgada e interesada de utilizar las matemáticas.

Para comenzar, comparar el déficit actuarial actualizado que se va acumular en 56 años con el PIB de un solo año, es como si alguien comparara lo que va a gastar en supermercado en los próximos 56 años con sus ingresos de hoy. Se trata de un intento propagandístico alejado de una visión científica.

Es interesante que el "preocupado" omita señalar que entre 1997 y el 2018 la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB se redujo en 10.7 puntos porcentuales, afectando significativamente las recaudaciones del Programa de IVM.

Esto simplemente se dio porque el dominio de los sectores económicamente dominantes permitió que mientras entre 1999 y el 2018 la productividad media del trabajo se elevó en 69.0%, el salario medio real solo se incrementó en 21.6%. Se trata, de acuerdo con la propia Economía tradicional, de un incremento espurio de las ganancias.

Si el "preocupado" hubiera tenido un espíritu realmente científico, hubiera descubierto que, con solo volver a la distribución del ingreso entre salarios y beneficios del 2007, las cuotas del programa de IVM se elevarían en 22.6%, generando un flujo de ingresos ($517.0 millones en el 2019), que actualizado eliminaría el famoso déficit del preocupado.

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Como era de esperarse, el "preocupado" omite hablar de la evasión de las cuotas del seguro social. Si se compara lo que se debió recaudar de acuerdo con la Ley en el 2019 con lo que efectivamente se recaudó, se puede señalar que en ese año la evasión patronal afectó en $419.7 millones al programa de IVM.

De acuerdo con el "preocupado", el Gobierno no tiene espacio fiscal para aportar significativamente a la solución. Esto es falso. Solo la evasión fiscal representa cerca del 8.3%, a lo que se debe añadir el costo de la corrupción (3% al 4% del PIB) y el aporte de la ACP al fisco (2.7% del PIB), que se utiliza para asegurar una baja tributación a los más ricos y para el clientelismo. A valor del 2019, estaríamos hablando de $9,350.0 millones que servirían para la salud, la educación, la seguridad alimentaria y las pensiones.

No hacer nada no es opción, pero hacerlo contra los asegurados es una infamia, cuyo motivo es el lucro desmedido.

Economista.