Política verde

A partir de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo de 1992, todos los países tienen una política ambiental, mas no una política verde. Esta declaración de Río ha jugado un papel muy importante en la promoción del compromiso de Estados de adoptar leyes para la protección efectiva del ambiente y el desarrollo de los pueblos. El desarrollo sostenible que ha venido promoviendo la mayoría de los Estados constituye el punto de equilibrio entre los que quieren imponer un capitalismo salvaje y los que abogan por la protección y conservación del ambiente.

En un extremo están los empresarios que tienen como meta el desarrollo económico, a costa de la explotación de los recursos naturales y la contaminación del ambiente. En el otro están los ambientalistas, quienes se oponen a cualquier desarrollo que implique el uso y la explotación de los recursos naturales. Y como punto de equilibrio surge el desarrollo sostenible, entendido como el que satisface las necesidades y aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas propias.

Todos los países tienen una política ambiental que parte del Estado. Pero muy pocos tienen una política verde. En términos generales, la política ambiental busca que se dé un desarrollo económico, respetando las normas y controles que garantizan la protección y conservación del ambiente.

Quienes abogan por una política verde, consideran que la tierra es un ecosistema cerrado que tiene un límite en el ofrecimiento de bienes y servicios ambientales. Y en ocasiones se oponen a cualquier desarrollo. Como todos los extremos son negativos, es tan malo que unos cuantos se enriquezcan a costa de la explotación inmisericorde de los recursos naturales de las presentes y futuras generaciones, como lo es, impedir el desarrollo económico que puede traer bienestar y solvencia económica a buena parte de la población.

Una política verde no debe estar orientada a impedir el progreso ni el desarrollo económico del país. El mundo actual nos impone la necesidad de disponer de los recursos naturales para satisfacer necesidades de habitación, vestido y alimentación. La política verde, desde la esfera estatal, debe estar orientada a lograr que ese desarrollo sea en beneficio de la mayoría. Y no, como sucede a menudo, que unos pocos, con el cuento del desarrollo económico sostenible, acaban con el patrimonio natural que nos pertenece a todos, mientras la mayoría vive en pobreza y pobreza extrema. Es responsabilidad del Estado garantizar la protección del ambiente sin matar la gallina de los huevos de oro.