En estos momentos de diversas crisis por la cual atraviesa la nación, es decir, institucional, económica, social, inseguridad, transporte, etc., escuchamos a diario muchas opiniones, políticos e intelectuales, sobre la necesidad de una constituyente para restablecer nuevas reglas adecuadas para gobernar el país.

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Pero muy pocos se animan a proponer el contenido de una nueva Constitución.

El Movimiento Constituyente Va está pronto a presentar un documento conceptual que propone los principios y consideraciones específicas sobre lo que se considera deben ser los lineamientos que deben presentarse a la asamblea constituyente que se instale, a más tardar durante el segundo semestre del próximo año, convocada por el nuevo presidente electo en mayo 2019.

Se proponen los siguientes principios básicos a ser incorporados:

1. Incorporar la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobados por la Asamblea General en 1945 y 1948;

2. Reconocimiento de la nación panameña como Estado pluriétnico, pluricultural y plurilingüe;

3. Ampliación y fortalecimiento de los derechos humanos, concebidos en armonía con los convenios internacionales suscritos por Panamá;

4. Establecimiento de una democracia participativa, ejercida a través de instituciones de la democracia semidirecta como son los plebiscitos, referéndums, consultas populares, revocatoria de mandato, etc.

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Se crearía un Consejo Nacional de Participación Ciudadana;

5. Recuperación de la institucionalidad del Estado, ahora debilitada;

6. Modificaciones al sistema electoral: (i) fortalecer candidaturas independientes; (ii) incorporar principio de no reelección a cargos de elección popular, condicionado a una previa evaluación del desempeño anterior del candidato a reelegir por un juez constitucional; (iii) introducir segunda vuelta; (iv) transformar estructura de la Asamblea Nacional, eliminado circuitos electorales e introduciendo diputados nacionales y provinciales; (v) realizar elecciones escalonadas; (vi) eliminar privilegios de los diputados; (vii) fortalecer paridad electoral; (viii) participación de partidos políticos municipales y provinciales; (ix) financiamiento público de los partidos políticos y sus campañas en un 100%.

7. Introducción de un régimen presidencial atenuado para permitir una distribución más equilibrada del poder político entre los Órganos del Estado;

8. Fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de la administración de justicia, con un Consejo Superior de la Magistratura y Tribunal Constitucional;

9. Fortalecer la descentralización del régimen municipal y provincial;

10. Fortalecer las instituciones de control: Contraloría, Defensoría y Tribunal de Cuentas;

11. Reestructuración del Tribunal Electoral, con un Consejo Nacional Electoral para organizar los procesos electorales y un Tribunal Electoral para conocer los recursos contra actos del Consejo y otros asuntos litigiosos.

Las modificaciones propuestas afectarían las estructuras de los tres Órganos del Estado en su funcionamiento y regulación presupuestaria, distribuyendo el poder político equitativamente. Se espera hacer la consulta al pueblo mediante una quinta papeleta

Ingeniero.