Cada cinco años se dan elecciones generales en Panamá, para cumplir con lo establecido en el orden jurídico vigente.

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Es lo que corresponde, por ser un Estado Social y Democrático de Derecho, pero las elecciones no es lo único que pasa o debe pasar en este tipo de sistemas políticos.

Debe darse un ciclo o proceso de cambios y transformaciones, o mejor dicho, que se maximicen y enfoquen los recursos, acciones y estrategias en pro de los fines del Estado (salud, vivienda, educación, alimentación, seguridad, justicia, etc.), a favor de todos, especialmente de los más vulnerables.

Pasadas las elecciones, durante cinco años, muchas cosas se harán bien, pero no faltarán las denuncias o ataques (algunos justificados y otros por meras simpatías o subjetivismos) contra las acciones gubernamentales (ejecutivas, legislativas, judiciales, municipales, etc.).

Por cierto, muchas promesas de campaña no se podrán cumplir (por falta de consensos y sustentos económicos, jurídicos y sociales).

Cuando el periodo de gobierno 2019-2024 llegue a su ocaso (entre el 2023 y el 2024), máxime cuando estén en boga los procesos eleccionarios (primarias, libre postulación y generales), con todo lo que eso conlleva, volveremos a estar inmersos en una nueva campaña electoral, para tener más de lo mismo o para tratar de no tener más de lo mismo, lo cual, dependerá de cuán maduros, independientes, críticos y éticos sean cada uno de los electores.

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Mientras tanto, (2019-2024), y ojalá se pueda lograr, que la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción, la transformación social y la plena observancia de los derechos humanos sea lo más importante y lo que más se aplique.

En este contexto, con carácter inmediato, debe entrar lo relativo al cambio constitucional, de lo cual, hay diferentes visiones acerca del método a seguir (Reformas, Constituyente, etc.).

Lo cierto es que la Constitución actual requiere ser mejorada por su lastre histórico, consistente en que las constituciones panameñas no han sido el resultado de sosiegos y consensos plenos y amplios, social y políticamente hablando, y porque ella debe convertirse en un garante de la participación ciudadana, gestora del desarrollo integral del país y una barrera fuerte contra la corrupción, siendo esta mención enunciativa y no limitativa.

Estos aspectos puntuales, son los que servirán para determinar, definir y delimitar los referidos cambios, los cuales deben ser el reflejo o consecuencia de la voluntad popular, es decir, todos los panameños y panameñas, primeramente, deben ser consultados sobre el contenido de la propuesta de cambios constitucionales, y, finalmente, también deberán ser consultados cuando dichos cambios vayan a ser aprobados.

Si no existe consenso político y social, a nivel general o nacional, dado que las fuerzas políticas están muy polarizadas, todo intento de cambios constitucionales estaría destinado al fracaso.

Abogado.