Sobre el Estado de derecho violentado

Sin duda que el féretro de la justicia debe reposar allí donde reposa muchas veces su más cercano compañero: el mausoleo final donde reposan los Derechos Humanos que han sido violentados.

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Algunos de los mal llamados casos de alto perfil han sido sufrimiento para algunos, y revelación para todos, que los vinimos a conocer.

Tener ahora el conocimiento de que, por ardores de odio personal, posiblemente se mancharon de violencia y terrorismo estatal los pasillos diáfanos donde camina la justicia, es un golpe de conciencia para todos los que, sin ser víctimas o autores, venimos a entender ahora la dimensión real de la cadena de probables violaciones a los derechos más fundamentales.

Por un lado, se vende un país reluciente, donde prevalece un Estado de derecho, seguridad jurídica y compromisos impecables en el cumplimiento globalizado; por el otro, nos salta en cara la cruda realidad que nos revelan algunos de los llamados casos de alto perfil, que no parecen tener otra causa probable que la motivación política y la saña personal de algunos.

Dichos casos, digo, nos muestran los tratos inhumanos, las torturas institucionalizadas, las desviaciones de poder y las intervenciones y manipulación -casi contubernio diría yo- de un órgano de gobierno que amedrenta y subyuga a otro.

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Nos advierten de la presencia de carceleros inhumanos y psicópatas, pensaría yo, que están dispuestos a revolverse en gozo propinando dolor a los demás y que utilizaron la institucionalidad para actuar.

Se nos dice que esos sistemas de castigo injusto, de cadenas y torturas, a la usanza del medievo y de la inquisición, son simplemente necesarios dentro de la mano férrea que se merece el prisionero; pero la verdad, aquellos que sustentan tal iniciativa errada, parecen olvidar que el propósito primordial del sistema carcelario es la resocialización, no la tortura desalmada.

Al final de cuentas, al delincuente procesado se le trata con firmeza, no con odio; con respeto básico y restringido, pero sin ensañamiento; sin afecto, pero tampoco sin usar el látigo -ya sea físico o psicológico- que es propio usar en el lomo de las bestias y no del ser humano. Y por otro lado, al que aún no ha sido condenado, sin excepciones, se le respeta el principio de la presunción de inocencia, como uno de los máximos pilares de la justicia.

Nunca pensé que en nuestro suelo, que ha sido cuna de la solidaridad y de la comprensión entre la mayoría de los ciudadanos, se hayan extendido prácticas que en su momento fueron muy comunes en la dictadura.

Supe de personas que, a fin de torturarlas, las sumergían en tanques sépticos, en ese entonces, cuando regía la tiranía militarizada; o las colgaban de los dedos, como a un amigo abogado luchador cuyo nombre me reservo, por respeto; y todos, por supuesto, estamos más que familiarizados con el crimen tan atroz perpetrado contra el Dr. Hugo Spadafora, entre otros miles de víctimas que sufrieron represiones de una u otra manera.

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Pero ese era un gobierno de facto, una dictadura violenta, no un Estado de derecho, supuestamente consagrado hacia el respeto de la dignidad del hombre.

¡Tanto nos habremos equivocado!

Si lo que se dice del gobierno pasado es cierto; si manipuló y torció a tal punto la justicia; si violó derechos e institucionalizó la figura casi del prisionero de guerra y del campo de concentración; ¿qué tipo de democracia ha sido esa?

¿Cinco años oscuros de la historia patria acaban de pasar, entonces?; ¿supuestos luchadores de la democracia perpetraron crímenes de papel y de procedimiento, dilatando procesos, amañando decisiones, desviando a su antojo el poder público por rencillas de tipo personal, elevando a rango de tortura contra otros el sagrado ejercicio del poder público?

Queda claro, al fin, que estas formas de violencia institucionalizada también representan atropellos a los derechos fundamentales del ser humano y deben necesariamente repararse, en caso de que se compruebe que son fruto de persecución política, especialmente.

Sin evidencias, no se puede señalar tampoco de manera contundente a nadie; pero algunos afectados de manera personal han comenzado a presentar pruebas y a hablar ya sin reparos y, tal vez, sin la sombra de una represión brutal que fue institucionalizada.

Lo cual me indicaría que ahora sí vivimos sanamente en una democracia, en la que todos, al fin, se pueden expresar.

Al final, como escribiría tan sabiamente el poeta William Cullen Bryant, "la verdad, aunque sea oprimida contra el suelo, renacerá otra vez".

Abogado