¿Vámos a dejar que nos roben el mandado?

La reciente pérdida del grado de inversión en Panamá, ha generado una preocupación generalizada entre los expertos en economía y ha despertado una conciencia creciente entre los panameños sobre las repercusiones económicas y sociales que esto conlleva. Además de las consecuencias internas, es importante considerar cómo la pérdida del grado de inversión puede afectar la credibilidad y la confianza del país ante los inversionistas extranjeros, tomando como referencia casos de otros países que han enfrentado situaciones similares.

Cuando un país pierde el grado de inversión, los inversionistas pueden percibirlo como un indicador de un entorno económico y financiero menos estable. Esto puede llevar a una disminución en la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y a una reducción en el flujo de capital hacia el país. Un ejemplo destacado es el caso de Brasil, que perdió su grado de inversión en 2015, decisión atribuida a los contantes cambios de la meta de superávit fiscal con que trabajaba el gobierno, tanto para año 2015 como para año 2016 y que, según la agencia, dichos cambios afectaban la credibilidad de la política fiscal. Esta pérdida de credibilidad afectó negativamente la confianza de los inversores y contribuyó a una recesión económica prolongada en el país sudamericano.

Además, la pérdida del grado de inversión que nos acaban de quitar, puede resultar en un aumento de los costos de endeudamiento para el gobierno y las empresas, ya que los inversionistas exigirán tasa de interés más altas para compensar el mayor riesgo percibido. Esto puede dificultar la financiación de proyectos claves de infraestructuras y desarrollo, así como la expansión de las empresas en el país. Un ejemplo notable es el caso de Sudáfrica, que perdió su grado de inversión el 2020, siendo el país más industrializado del continente africano, el cual disfrutó de un grado de inversión de Moody’s desde 1994, cuando el CNA llegó al poder con Nelson Mandela. Esta pérdida resultó en un aumento de los costos de endeudamiento y una disminución en la inversión extranjera directa en el país.

En Panamá, esto puede aumentar los costos de importación y contribuir a una mayor inflación, lo que afecta negativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y la estabilidad económica en general. Para algunos esto se verá muy lejano, o dirán “esto no es conmigo”, pero el incremento en los impuestos, en la tasa de interés de nuestros préstamos, hipotecas y hasta en la compra del supermercado, serán golpes al bolsillo de todos y todo lo antes dicho, está a la vuelta de la esquina.

Por otro lado y no menos importante, el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, el 28 de noviembre del año 2023, que todos conocemos y que por interpretaciones varias trajo consigo la paralización de labores de la mina más grande del país y de Centroamérica, ha desencadenado una serie de consecuencias que van más allá de las implicaciones económicas y sociales inmediatas. 

La incertidumbre creada por el fallo judicial, también fue tomado en cuenta para pasar de una calificación de BBB, a BB+, de acuerdo a lo establecido por la empresa calificadora Fitchs Ratings, lo que está obstaculizando la capacidad del gobierno para tomar decisiones importantes en materia económica, social y ambiental. 

El ejemplo más palpable es que gobierno se encuentra en una encrucijada con respecto a la extracción de 120 mil toneladas de concentrado de cobre apiladas en las instalaciones del proyecto Cobre Panamá, el cual de acuerdo al Artículo Nº2 del Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, establece a quien le pertenece, y es “a la empresa como concesionaria en el momento que el mineral fue extraído y procesado…”, vale la pena mencionar que el Procurador de la AdminidtraciÓn, Rigoberto González, también mencionó públicamente que es de la empresa, pero que la presión social le impide al gobierno, tomar decisiones al respecto. 

Es crucial abordar este tema con un enfoque técnico y preciso que tenga en cuenta tanto los riesgos ambientales como las implicaciones económicas y sociales. Esto requiere una colaboración estrecha entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la comunidad internacional para desarrollar e implementar soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo que es lo que de una u otra forma nos piden las agencias calificadoras de riesgo.

La pérdida del grado de inversión en Panamá, exacerbada por la incertidumbre ambiental post-fallo judicial, subraya la urgencia de fortalecer las instituciones y políticas ambientales, sociales y económicas del país. 

Un amigo me decía: “Panamá, es el único país que no quiere lo que ya tiene”, y aprendiendo de los ejemplos de otros países que han enfrentado situaciones similares, es crucial que Panamá, tome medidas decisivas para abordar los desafíos económicos, social y ambientales que enfrenta y trabajar en la restauración de la confianza de los inversores para asegurar un desarrollo sostenible y próspero a largo plazo, debe ser nuestro objetivo a corto plazo. 

Ya otros países como El Salvador y Ecuador, sin nuestros recursos minerales, posición geográfica ni infraestructura ya están en la carrera por ganarse el espacio que Panamá, ha dejado en materia minera y la confianza y credibilidad en la inversión que hemos perdido. 

La pregunta es ¿Vamos a dejar que nos roben el mandado?
 

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