Panamá
Alcaldía de San Miguelito recorta hasta el 80% del presupuesto a juntas comunales tras quiebra de recaudaciones
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La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, recortó hasta un 80 % las partidas de las juntas comunales ante un déficit de $500 mil mensuales.
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Una severa controversia política y financiera se desató en el distrito de San Miguelito luego de que la alcaldesa Irma Hernández anunciara un recorte de hasta el 80 % en las partidas de funcionamiento asignadas a las nueve juntas comunales de la jurisdicción.
La medida fue oficializada durante la sesión del Concejo Municipal, donde la jefa de la comuna reconoció que las estrategias tributarias implementadas, incluidas dos moratorias y un plan de contención de gasto, no lograron contener el déficit financiero, el cual ronda los $500 mil mensuales y amenaza con provocar un colapso operativo.
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A diferencia de la asignación equitativa aplicada históricamente, la administración municipal determinó que a partir del mes de agosto los fondos se repartirán bajo criterios de población, extensión geográfica y niveles de vulnerabilidad social:
En ese sentido, la Junta Comunal de Mateo Iturralde pasó de recibir $28 mil mensuales a apenas $3 mil; Victoriano Lorenzo quedó con $4 mil; Arnulfo Arias bajó a $7 mil y Amelia Denis de Icaza a $12 mil.
Rebelión de representantes y reclamos normativos
La decisión provocó el rechazo inmediato de la junta de concejales. La representante de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, advirtió que la reducción a $4,000 mensuales podría forzar el cierre operativo de la junta comunal por primera vez en su historia.
"Lo más fácil fue recortarle el presupuesto a las juntas comunales y perjudicar a la población, en vez de reducir el gasto del municipio como manda la ley", opinó Grajales.
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Juan Barsallo, cuestionó que el recorte no fuera sometido a la Comisión de Hacienda para su debate y sugirió un trato desigual hacia los corregimientos no alineados con el despacho alcaldicio.
La controversia se profundizó al constatarse que el propio tesorero municipal, Porfirio Luna Espino, desconocía la medida previa a la sesión, sumado a que el Decreto Alcaldicio No. 10 excepcionaba originalmente a las juntas comunales de los planes de austeridad.
Hernández justificó la postura señalando la pesada herencia financiera recibida al asumir el cargo en julio de 2024, reconociendo que el municipio se encamina a un escenario crítico si no se ejecutan ajustes de fondo.
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