Panamá
Modificaciones a la Constitución que promueve la Cciap van dirigidas al sistema de justicia ante su falta de credibilidad. Abogado no considera al gremio como idóneo para sugerir los cambios.
Protestas populares detuvieron la última intención de cambiar la Constitución. Foto: Archivo
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) insistió en la necesidad de reformar la Constitución Política para, entre otras modificaciones, realizar cambios a la administración de justicia ante el progresivo deterioro institucional, que se ha profundizado con fallos polémicos en los últimos días.
"Dejando al desnudo una administración de justicia cómplice de la impunidad con fallos aberrantes y a destiempo, una institucionalidad resquebrajada y órganos del Estado sumidos en el clientelismo que alimenta la discrecionalidad, la inseguridad, la falta de transparencia y la corrupción", registra el comunicado semana del gremio empresarial.
Las reformas propuestas desde el sector empresarial apuntan a revisar los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como la forma en que son escogidos y ratificados, al igual que los cargos de procurador general de la nación y procurador general de la administración.
También, piden que se modifiquen los tiempos para nombrar a estos funcionarios, las atribuciones constitucionales y legales de la Corte Suprema, el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público y la función judicial del Legislativo.
Finalmente, el gremio empresarial se refiere a la Asamblea Nacional, en el sentido de que se debe revisar el método de escogencia de los diputados y la composición de este órgano del Estado, colocando límites a la reelección de los parlamentarios, mientras que sobre el Ejecutivo, pide limitar sus poderes.
A finales del gobierno anterior, la Cámara de Comercio planteó una reforma a la Carta Magna mediante el mecanismo de dos asambleas consecutivas, como ocurrió en la última modificación que se le hizo, en 2004.
Sin embargo, ahora el gremio no apuesta por fórmula alguna mientras que se den los cambios y, en este sentido, le dará seguimiento a las propuestas de reforma constitucional que ha planteado.'
A inicios del gobierno se promovieron reformas constitucionales que fueron detenidas por protestas.
El Gobierno optó por llamar a un diálogo nacional que debe entrar en los próximos días en su etapa deliberativa.
El paquete de reformas presentado por la Concertación Nacional va dirigido, en su mayoría, al sistema de justicia.
A consideración del abogado Alfonso Fraguela, hay una percepción de que en los últimos tiempos se ha venido alterando la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia de una manera descomunal.
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"Pareciera que la Corte no está cumpliendo con el sentir ciudadano de que exista una administración de justicia cónsona, coherente y responsable", dijo.
Fraguela agregó que pareciera que estuviéramos viviendo un deja-vu con lo que se vivió en la época de la dictadura militar, lo que debe llamar la atención, ya que podría provocar un estallido social.
Para Gilberto Boutin, exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, la Cámara de Comercio no es una instancia idónea ni políticamente ni económicamente para hablar de reforma constitucional.
"En la globalizacion de los mercados, más del 95% de las empresas fueron adquiridas por capital extranjero. Ellos reflejan un autismo colectivo en su mundo gerencial, entonces cómo pretenden llevar una reforma social si son incapaces de presentar sus ideas a un debate nacional", consideró.
Según Boutin, al hablar de reforma constitucional, la Cámara de Comercio quiere imponer, solamente, "la ley de la selva ruda y cruel" y un regreso a la Constitución de 1904, por lo que al panameño le cabría preguntarse qué va a perder por una modificación que provenga de ese sector.
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