Panamá
El director de Organización Electoral, Osman Valdés, fue el único funcionario del Tribunal Electoral que habló sobre las últimas reformas electorales.
Los magistrados evitaron dar declaraciones durante el debate de los dos proyectos con que culminan los cambios al Código Electoral. Foto: Víctor Arosemena
Tras la aprobación en tercer debate de un nuevo paquete de reformas electorales, que incluyó un artículo que protege a los diputados de la revocatoria de mandato en sus partidos políticos por decisiones que asuman por mayoría en las bancadas legislativas, el silencio de los magistrados del Tribunal Electoral fue evidente.
El único funcionario de la corporación electoral que reaccionó fue el director de Organización Electoral, Osman Valdés, quien reconoció que tuvo conocimiento de ese artículo el pasado lunes, cuando el proyecto fue discutido en la comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales.
“Estamos en la Asamblea, donde los diputados tienen toda la potestad de incorporar, discutir y aprobar las leyes de la República”, respondió Valdés.
El artículo en mención establece que “las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados”.
Según Valdés, no tuvieron la oportunidad de analizar el artículo incorporado por la bancada de Cambio Democrático (CD), por el corto tiempo transcurrido desde que se presentó hasta ayer, cuando fue aprobado en tercer debate, con 43 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
La presentación de este artículo se dan en momentos en que la mayoría de los diputados de CD enfrentan un proceso disciplinario a lo interno de su partido por decisiones adoptadas en la Asamblea, como su apoyo a la candidatura de Crispiano Adames, en la última escogencia de la junta directiva, en julio del año pasado.
Ante la posibilidad de un veto por parte del presidente Laurentino Cortizo, el director de Organización Electoral manifestó que esa es una decisión y una opción de ejercer a la cual tiene derecho el mandatario.
“Siempre la posibilidad de un veto existe. Es su potestad (del presidente de la República) y la puede ejercer cuando lo desee”, aceptó.
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Para la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, el artículo es viable constitucionalmente por que la Carta Magna dispone que los diputados actuarán en interés de la nación y estos no solo representan a los partidos políticos, sino también a los electores.
“La Constitución y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos establece que el poder ciudadano emana del pueblo y los electores y no de un partido político”, enfatizó.
Por su parte, la diputada de CD, Mayín Correa recordó que ha sido la directiva de su partido político la que nunca tuvo el interés de acercarse a ellos para coordinar posiciones ante temas de interés nacional.
“Nosotros somos libres, tomamos decisiones libres, y la Constitución nos lo permite”, resaltó Correa.
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La Asamblea aceleró la discusión de los dos últimos proyectos a nivel electoral, por que necesitan tener, antes de junio, las reglas del juego claras para las elecciones generales de 2024.
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