Panamá
Según testimonios han sido buscados a sus casas, amenazado a sus familiares y chantajeados para confesar un delito que no se ha probado. Son más de 5 mil ciudadanos que enfrentan procesos.
Las acusaciones contra los magistrados se dan en momentos en que ha habido diferencias por la discusión de las reformas electorales. Foto: Cortesía
Como un acto propio de la Gestapo Nazi, calificó el abogado Miguel Antonio Bernal, los procesos que se siguen a 5,515 ciudadanos por parte de la Fiscalía y el Tribunal Electoral.
Estas personas son procesadas por supuestamente apoyar candidaturas por la libre postulación con firmas de personas que ya habían fallecido.
Bernal, quien aspiró a correr en el pasado torneo electoral en forma independiente, describió como se están llevando a cabo algunos casos.
Cuenta que los testimonios que están dando son de miedo, al punto de que se ha llegado a amenazar a los padres de los sindicados.
"Mandan un radiopatrulla a tu casa, con una orden de que te van a llevar preso. Te llevan y en el camino te dicen que es mejor que confieses el delito que no has cometido y te van a poner un defensor de oficio y este en vez de defenderte, te hunde", contó el constitucionalista.
Agregó que entre los afectados se encuentra una educadora que se ganó la orden Manuel José Hurtado que ayudó a recoger firmas a un representante de corregimiento.
"Te chantajean que si confiesas te ponen un año conmutable en dinero y te prohíben el ejercicio de funciones públicas", narró Bernal que le ocurrió a una persona que lo ayudó a conseguir firmas de respaldo para su candidatura.'
En campaña electoral se denunció que hubo candidatos independientes que entre sus firmas de respaldos había de personas que habían fallecido.
Según el abogado Miguel Antonio Bernal al único excandidato que no se le ha tocado ningún seguidor ha sido Ricardo Lombana.
La supuesta persecución ha sido denunciada por otros excandidatos como la exdiputada Mariela Jímenez.
De parte del Tribunal Electoral o la Fiscalía Electoral no ha habido pronunciamiento ante estas acusaciones realizadas por excandidatos independientes y sus equipos de seguidores.
Según la jurisdicción penal electoral, el delito de que se acusa a estas personas conlleva penas de 2 a 4 años de cárcel.
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Estas acusaciones se dan en momentos en que se discuten las reformas electorales de las que los magistrados del Tribunal Electoral mantienen diferencias con los diputados de la Asamblea por algunos temas, entre los que se incluyen las candidaturas por libre postulación.
A juicio de Bernal, a pesar de que digan lo contrario, pareciera que lo que buscan en la corporación electoral es "decapitar o acabar con las candidaturas de libre postulación, porque quien va a querer correr o recoger firmas si va a tener esa espada de Damocles sobre su cabeza", expresó.
Lo planteado por el abogado y activista político, también se plasma en un comunicado enviado por excandidatos independientes en el que narran la desequilibrada situación en que se encuentran para demostrar su inocencia ante el Tribunal Electoral que actúa como juez y parte.
"Los testimonios de presión sicológica de muchos de los excandidatos y sus familiares en nuestras campiñas interioranas de abuso y persecución por la Fiscalía Electoral para ser notificados mediante engaños, quedando imputados casi que de forma automática por supuestos delitos no probados, son el día a día en nuestras provincias", señala el pronunciamiento de los excandidatos.
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Según ellos es evidente el atentado contra el derecho humano de la legítima defensa con lo que les está ocurriendo, ya que sienten que están siendo sancionados dos veces.
"Inicialmente con la depuración de firmas y ahora con la imputación de un supuesto delito electoral", dijeron.
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