Informe evidencia que alquileres quedaban 'en familia' dentro de Cambio Democrático

Aunque se evidenció que algunos contratos a lo interno de Cambio Democrático (CD) se realizaron con parientes de directivos del colectivo político, estos son legales, según un informe de auditoría de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral (TE).

Esta auditoría especial realizada por Denia Potes, María Alfredo, María del C. Tulier, con la supervisión de Sara Ríos, obedece a denuncia interpuesta por 14 diputados de CD por supuestos malos manejos del financiamiento poselectoral del que goza el partido político.

Esto se refleja en el contrato de alquiler de una oficina de CD en Chitré, en el que aparecen como dueños del terreno la esposa e hijos del exdiputado Manuel Cohen.

Según el informe, a la fecha de la firma del contrato de alquiler, estaba vigente el decreto 26 de 4 de diciembre de 2009, que no contenía la prohibición incluida en el decreto 34 de 2020, referente al parentesco entre proveedores y directivos del partido, por lo que no existía impedimento para celebrarlo.

Así ocurre con otros contratos celebrados, con excepción del alquiler de la oficina de CD en Los Santos en el que aparece como propietaria la madre de la exdiputada Mariela Vega.

"El contrato incumple con lo establecido con el artículo 18 del decreto 34", registra el informe.

Sobre otra propiedad en Chitré, relacionada con Cohen, los auditores consideraron excesivo el periodo del arrendamiento (20 años).

Se hace la observación que ni el departamento de Monitoreo ni la Unidad de Fiscalización Interna del TE, efectuaron objeción a dicho contrato, cuando se debió haber exigido al partido su corrección.

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En cuanto al uso irregular de viáticos, en el informe se plasma que no existen limitaciones para el pago de estos.

Mascarillas

Las auditoras indicaron que la compra de mascarillas, denunciadas por el grupo de diputados, no siguió el debido proceso, a pesar de recibir tres objeciones, incluyendo de la Unidad de Fiscalización Interna, que no aprobó el desembolso.

Manifestaron que el partido debe devolver de sus fondos privados el dinero desembolsado, el cual debe ser depositado en la cuenta del Tribunal Electoral.

Fueron 200 cajas de paquetes de mascarillas por las que el partido pagó $4,500.

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Ceyla Peñalba, abogada de los diputados demandantes, confirmó que recibió el informe este viernes.

"Nos reuniremos con los abogados que presentamos esa denuncia administrativa y ver de qué forma se conjuga con lo que nosotros denunciamos", señaló.

Agregó que una vez se revise el extenso documento de más de 300 fojas, harán llegar sus observaciones al Tribunal Electoral.

El mismo no es definitivo y es apenas la parte intermedia de este caso.

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Peñalba confía en que en esta semana se pronuncien sobre el informe, que ya fue subido en la página web del Tribunal Electoral.

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