Violencia política contra la mujer, tarea por resolver tras la elecciones

La falta de respaldo, recursos económico y la violencia política redujo a menos del 10 % la participación electoral de la mujer, según estimaciones del Foro Nacional de Mujeres Política y la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá (Aparlexpa) y las denuncias presentadas meses previos a los comicios del pasado 5 de mayo de 2024. 

Pese a lo anterior, al Pleno de la Asamblea Nacional de diputados, por elección popular, llegarán al menos 14 mujeres, según los resultados preliminares  del Tribunal Electoral, entre ellas: Flor Brenes (10-1), Patsy Lee (13-4), Arana Coba (4-3) Yesica Romero (1-1), Dana Castañeda (2-3), Shirley Castañeda (13-1), Yusaida Marín (13-4), Lilia Batista (13-4), Yamireliz Chong (3-1), Alexandra Brenes (8-2), Zulay Rdodríguez (8-2) Walkiria Chandler (8-3), Paulette Thomas (8-3) y Janine Pardo (9-1). Una última curul sigue en disputa. 

Así mismo, al menos 11 alcaldías a nivel nacional estarán lideradas por mujeres, entre ellas, la Alcaldía de San Miguelito con Irma Hernández, candidata por la Libre postulación. 

No obstante, a pesar de la promulgación de la ley para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra la mujer, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo importantes recomendaciones a Panamá tanto para garantizar la aplicación y los resultados de la herramienta legal como para sensibilizar al país sobre el impacto que tiene la violencia política de género tanto en las afectadas como en la sociedad. 

 Diferentes expertas y candidatas con las que se entrevistó la Misión señalaron que, si bien la ley constituye un importante avance, se requiere mayor claridad en cuanto a las sanciones a imponerse.

La misión de observadores también advirtió la necesidad de tipificar la violencia política en razón de género en la legislación electoral y alertaron que existía un marcado desconocimiento de los procedimientos para denunciar la violencia política, lo que se refleja en el bajo número de casos que llegan a las autoridades en comparación con los testimonios recogidos por la MOE/OEA60.

A partir de lo observado, la misión de observadores recomendó evaluar el impacto de la Ley de violencia política contra las mujeres, a fin de ir mejorando su aplicación de cara a futuros procesos electorales.

Así mismo, hizo un llamado a buscar los mecanismos que promuevan la sensibilización en la ciudadanía acerca de la violencia política de género, trabajando su prevención y combate a través de la divulgación de los procedimientos de denuncia e instancias competentes para tramitarlas.

Citó la necesidad de dotar a la Oficina de Género del Tribunal Electoral de mayores recursos para garantizar y ampliar su actuación, así como la implementación en la Oficina de Género del Tribunal Electoral un observatorio que monitoree y registre los casos de violencia política contra las mujeres.

Para estos comicios, el Ministerio de la Mujer también advirtió un notable incremento de la violencia digital contra las mujeres políticas que venían tanto de grupos que cobraban por ello o de quienes disfrutaban haciendo daño a través de las redes sociales.

El Tribunal Electoral, Alfredo Juncá también lamentó y condenó la evolución que ha tenido el sistema político de forma negativa con actitudes de muchos actores que rayan en la violencia de género. 

De los ocho candidatos presidenciales que participaron en la contienda electoral del pasado 5 de mayo, dos eran mujeres: Zulay Rodrígue y la catedrática Maribel Gordón.  

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