PANAMÁ
Esta es la primera vez que la alcaldesa Peñalba acude a una sesión del Concejo Municipal en 2026 y luego de la demolición del monumento chino en el Mirador.
Luzdenia Oliver, presidenta del concejo, explicó que en la reunión se aclaró que, aun cuando se escuchó el planteamiento de la alcaldesa Peñalba, la exoneración de impuestos es potestad de los ediles. Foto. Eric Montenegro
Luzdenia Oliver, presidenta del concejo, explicó que en la reunión se aclaró que, aun cuando se escuchó el planteamiento de la alcaldesa Peñalba, la exoneración de impuestos es potestad de los ediles. Foto. Eric Montenegro
El Concejo Municipal de Arraiján decidió poner fin al conflicto entre la alcaldesa Stefany Peñalba y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por el otorgamiento del permiso para la rehabilitación de la carretera Bruja-Cocolí y la exoneración en el pago del impuesto municipal.
Durante una reunión extraordinaria realizada este jueves, y a la cual asistió la alcaldesa Peñalba, esta evitó dar declaraciones, al igual que el vicealcalde Oliver Ríos.
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Este último dijo no estar autorizado para dar entrevistas a los medios de comunicación.
Esta es la primera vez que la alcaldesa Peñalba acude a una sesión del Concejo Municipal en 2026 y luego de la demolición del monumento chino en el Mirador del Puente de las Américas.
Luzdenia Oliver, presidenta del concejo, explicó que en la reunión se aclaró que, aun cuando se escuchó el planteamiento de la alcaldesa Peñalba, la exoneración de impuestos es potestad de los ediles.
No obstante, aclaró que, de proceder la ACP a la contratación de cualquier empresa privada para desarrollar los trabajos de rehabilitación de la vía, esta deberá cumplir con el pago de los impuestos.
El cálculo preliminar del impuesto de construcción supera los 17 mil dólares, aunque el monto podría variar dependiendo de los trabajos que se efectuarán.
Oliver agregó que también se ha solicitado a la ACP abrir un canal de comunicación que permita a la población del distrito ser beneficiada con los proyectos sociales que desarrolla dentro de las comunidades ubicadas en la cuenca del Canal de Panamá.
Hasta ahora, la ACP se ha amparado en la Constitución, que en su artículo 316 establece que la Autoridad del Canal de Panamá no estará sujeta al pago de impuestos, derechos, tasas, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal.
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