Defensoría del Pueblo abre queja por casos de migrantes en la provincia de Darién

La Defensoría del Pueblo abrió cuatro quejas sobre la atención brindada a personas refugiadas y población de interés que reside en la provincia de Darién.

Entre las quejas que se abrieron están la presunta violación del derecho a la libertad y seguridad personal al debido proceso, derecho a recibir información por parte de las entidades del Estado y el derecho a la educación.

Además, hay personas que llevaban más de cuatro años con su carnet vencido y que han sido reconocidos como refugiados por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados (Conare).

Durante la visita a las comunidades de Piña y Jaqué, en Darién, los delegados de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo brindaron a la población orientación legal en temas relacionados a violencia doméstica, procesos de naturalización, Ley  16 -que establece la Justica Comunitaria de Paz-, procesos agrarios, procesos de familia y el debido proceso, entre otros.

Durante la gira también se realizó una reunión con los líderes comunitarios, juez de Paz, cacique regional y representante del área, en donde se abordaron distintos temas sociales que afectan a la población.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se comprometió a realizar visitas periódicas, a fin de poder brindar respuesta a sus solicitudes.

La gira fue organizada por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar) del 26 al 29 de abril en la provincia de Darién.

Casi 2,000 migrantes irregulares quedaron varados en Panamá, cerca de la frontera con Colombia, a raíz de la pandemia del coronavirus.

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En Darién viven aproximadamente más de 300 refugiados reconocidos por el Estado, que en su mayoría se concentran en comunidades como Yape, El Real, Boca de Cupe y Alto Playona, entre otras.

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