Fallan a favor de detenido en Chiriquí al que le violaron su derecho a citas médicas

En una audiencia de afectación de derecho, presidida por la Jueza de Cumplimiento, Blanca Páez, se falló a favor de un privado de libertad a quien se le violentó el derecho al traslado a cinco citas médicas desde el año 2022 por parte de la Policía Nacional.

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Esta audiencia se celebró en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí.

Agregó que la Policía Nacional de la Cuarta Zona no cumple con su cometido para la seguridad externa ni para atender las citas médicas, violentando los derechos de los detenidos.

Se ordenó al Sistema Penitenciario y a la Policía Nacional que gestionen el traslado oportuno de los privados de libertad a sus citas médicas, e insta a la Policía Nacional, de no poder cumplir con este deber, mantener una mejor comunicación con las autoridades del Centro Penitenciario de Chiriquí, oportunamente y subsanar esas situaciones.

Ante esta situación, la Jueza de Cumplimiento ordenó una reunión interinstitucional para conversar sobre esta problemática y poder resolverla lo más pronto posible.

La persona afectada se encuentra en cumpliendo una condena de 86 meses de prisión por el delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

La Jueza de Cumplimiento, hizo un llamado de atención a la Policía Nacional, al indicarle que la falta de presupuesto, de equipo o de personal no es excusa para violentar el derecho de traslado a las citas médicas de los privados de libertad.

Páez hizo referencia a las 100 Reglas de Brasilia, así como a las leyes de Mandela y a la Constitución Nacional, para defender los derechos de los detenidos.

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Dejó claro que a pesar de estar en prisión son personas vulnerables, que dependen del Estado y hay que cumplir con las comisiones de salud.

Durante la audiencia se pudo determinar que existen otros casos que involucran a siete privados de libertad que no han podido acudir a sus citas médicas por la misma razón.

En esta audiencia, también participó por la defensa pública del sancionado Erick Ayala.

Además, se contó con la participación del comisionado de la Policía Nacional, Irving Castillo; el director del Centro Penitenciario de Chiriquí, Pedro Flores; el abogado de la Policía Nacional, Deni Delgado, y el mayor Héctor Mojica, quien está a cargo del Centro Penitenciario. Mientras que el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal, Iris Valdéz.

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