Petición de reubicación por comerciantes paraliza proyecto

La solicitud de reubicación hecha por  los comerciantes ubicados a un costado de la vía hacia el Puerto de Vacamonte en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, mantiene paralizados los trabajos en los tramos 1 y 2 del  proyecto  de Estudio, Diseño,  Construcción y Financiamiento para la Rehabilitación y Ampliación de la Carretera Autopista-Puerto de Vacamonte que ejecuta actualmente el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La paralización incluye instalación de drenaje, pavimentación, construcción de aceras y construcción de ciclovía, indica un comunicado del MOP; igualmente están paralizadas las reubicaciones del sistema potable, eléctrico y telecomunicaciones y la construcción del puente intercambiador El Tecal.

Este proyecto, según la entidad,  beneficiará de forma directa a 220,779 habitantes, bajo la modalidad llave en mano con un costo de $57.8 millones.

El MOP aseguró que los dueños de 30 locales comerciales ubicados a un costado de la vía hacia el Puerto de Vacamonte,  están “ubicados ilegalmente sobre la servidumbre vial”.

Según la entidad, desde el año 2019, se inició el procedimiento de liberación de dicha área, a utilizarse en la rehabilitación y ampliación de la carretera autopista-Puerto de Vacamonte.

Desde esa fecha se ha cumplido con el debido proceso, además de reuniones con los microempresarios y autoridades de la Alcaldía de Arraiján, donde se informó a los comerciantes que, por encontrarse sus locales en servidumbre vial, “no tenían derecho a indemnización”.

Ante esta realidad, el grupo de microempresarios solicitó ser reubicados, una tarea que debía ser canalizada a través de la Alcaldía de Arraiján.

Para julio del 2021 se notificó a los comerciantes del inicio de la obra, además de informarles que para el 17 de enero del 2023 se procedería a efectuar la diligencia de desalojo, con base en lo establecido en la Ley 11 de 27 de abril de 2006 y la Resolución de Mero Obedecimiento No. AL-002 de 5 de enero de 2011.

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No obstante, la acción de desalojo fue suspendida en esa fecha debido a la oposición de algunos comerciantes, quienes reclamaban la intervención del alcalde Rollins Rodríguez.

A la fecha el proyecto registra un 40.5% de avances, aunque con esta acción de los comerciantes, se pone en riesgo el cumplimiento del tiempo de entrega de la obra e incrementos en los costos indirectos por parte del contratista.

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