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Asamblea aprueba en tercer debate proyecto para suspensión de pago de alquileres por COVID-19

La propuesta se aplicaría a inquilinos y personas que pagan por una residencia o local comercial que no sobrepase los $1,000.00 mensuales.

José Chacón - Actualizado:
Ya son tres proyectos a favor de la ciudadanía que el presidente Laurentino Cortizo debe sancionar. Foto: Asamblea Nacional.

Ya son tres proyectos a favor de la ciudadanía que el presidente Laurentino Cortizo debe sancionar. Foto: Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional aprobó hoy en tercer debate el proyecto de Ley N° 299 que busca suspender los desalojos de viviendas y locales comerciales en alquileres en medio de la pandemia por el coronavirus.

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A primeras horas de este lunes 20 de abril los diputados dijeron sí a la propuesta parlamentaria que evitaría que inquilinos y comerciantes que, pagan un arriendo mensual por un sitio para su negocio, sean lanzados o desalojados.

"Proyecto de Ley No.299, que suspende los lanzamientos y desalojos de alquileres de vivienda y establecimientos comerciales, cuyo canon de arrendamiento no exceda los 1000 balboas mensuales es aprobado en tercer debate", posteó la Asamblea Nacional en su cuenta de Twitter.

En sí la idea de esa iniciativa, denominada por los diputados como "proyecto antidesalojo" establece una prórroga de suspensión de pagos de alquileres por 120 días.

La senama pasada, tras un consenso entre las bancadas de dicha asamblea, se logró aumentar a 120 días la medida que en primera instancia solo comtemplaba tres meses.

Cabe señalar que la prórroga se aplicaría únicamente a los alquileres que no pasen de los $1,000.00 mensuales.

El proyecto, impulsado por la diputada oficialista Kayra Harding, consta de solo tres artículos y propone que la deuda acumulada por la suspensión “será prorrateada a 24 meses, una vez finalizado el estado de emergencia nacional sanitaria”.

Este sería el tercer proyecto avalado por la Asamblea Nacional para contrarrestar los efectos económicos que sufre la pobalción en general tras la crisis del Covid-19.

El pasado 31 de marzo el hemiciclo legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de ley No. 295, que establece la suspensión del pago para las obligaciones de telefonía (fijo y móvil), internet y energía eléctrica por un periodo de 90 días.

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Posteriormente, el 7 de abril, fue aprobado el proyecto de Ley 287, mediante el cual se otorga una prórroga de 90 días en el pago de las obligaciones en materia de préstamos  hipotecarios, personales y comerciales a jubilados y tarjetas de créditos otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras.

Esas tres propuestas están a la espera de la respectiva sanción del presidente de la República, Laurentino Cortizo.

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