'Calidad educativa no se mide con el dinero'

Con la aprobación del proyecto de ley 920, que asigna el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo intenta cumplir con su promesa de mejor la educación, una estrella que todavía no logra brillar.

Sin embargo, surgen duda en cuanto al tema, por el hecho de que el Gobierno pueda cumplir con esta asignación, la cual sería de más 6 mil millones de dólares a partir del 2023.

Además, hay quienes sostienen que de aprobarse sería de ayuda para la educación, pero no resolvería todos los problemas que el sector tiene.

Para la exministra de Educación Lucy Molinar, el principal problema de la educación panameña no se resuelve con dinero, pues tiene que ver más con voluntad, con la necesidad de realizar un cambio cultural importante.

"Si se cumple o no, la meta económica es algo accesorio", expresó.

Molinar aseguró que "si no hay una estructura institucional sólida, sino que se saca la política gremial y partidista de las decisiones, si no se vuelve a nombrar por mérito y no por vínculos, si no se devuelve el protagonismo al estudiante que debe ser el centro en torno al cual debe gravitar todo lo que se hace en el sistema educativo, el dinero no importa. Podemos poner el 10% y todo seguirá igual".

No obstante, el exministro de Educación Miguel Ángel Cañizalez manifestó que esa asignación es una deuda histórica que tienen los Gobierno, que era cumplir con algo que se había aprobado en el Plan Decenal o ley 34 de 1995.'

2023

sería el año a partir del cual se designaría este 6% del PIB al sector educativo, de aprobarse.

920

número de la ley con la cual se busca aprobar este porcentaje del PIB a la educación.

Al exfuncionario le llama la atención que dentro de esta asignación del 6% del PIB, se incluye todo lo que es el sector educativo.

"A mí lo que me parece que hay que hacer es que el presupuesto sea para la educación básica y media, porque ese 6% no va a alcanzar para todo el sistema educativo, eso incluye todo, universidades, Ifharu, etc. Pero eso, no es garantía, ya que existe retrasos de muchos años que no se han podido resolver, como las infraestructuras de los centros escolares y el pago a proveedores", explicó.

Cañizalez agregó que no necesariamente la calidad de la educación está determinada por el presupuesto, pero si es una dimensión importante para cumplir con los objetivos.

En cuanto al hecho de que si el Gobierno podrá cumplir con ese 6% si es sancionado, el exministro señaló que en Panamá lo más que ha podido pagar ha sido un 4% del PIB en todo los Gobiernos que han pasado, que fue con la exmandataria Mireya Moscoso.

"Sin embargo, esto no es garantía de calidad porque nosotros necesitamos resolver muchos temas", dijo.

Puntualmente, el exfuncionario mencionó que sería bueno que se pueda cumplir con ese 6%, ya que históricamente no se ha hecho, sin embargo, recordó que esto fue un compromiso de las actuales autoridades con los educadores que se mantuvieron por más de un mes protestando a mediados de año.

Por su parte, Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de Panamá, en entrevista con el medio ha dicho públicamente que este es un proyecto que le hace justicia a la educación panameña.

Agregó que las instituciones que se deben beneficiar con ese 6% asignados son el Ministerio de Educación, las cinco universidades oficiales, el Instituto Panameño de Habilitación (Iphe) y unos programas educativos que tiene la Senacyt.

Actualmente, el proyecto está a la espera de la sanción o veto del Órgano Ejecutivo.

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