Casas de paz vacías y jueces 'atrincherados' ha hallado el Mingob

Desde este año, la justicia comunitaria está en manos del Ministerio de Gobierno y lo que se han encontrado sus autoridades no ha sido nada agradable.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, dijo que presagiaban que se iban a encontrar con una situación caótica, porque conocían como estaban funcionando las Casas de Paz, sin embargo, se encontraron con un escenario mucho peor.

Encontraron juzgados que tenían procesos de tres o cuatro años sin que avanzaran, incluso personas mantienen denuncias vigentes en que planteaban que jueces o funcionarios que tenían custodia de pensiones alimenticias no entregaban los dineros.

Otro hecho grave es que hay jueces que se han atrincherado en sus puestos y no han permitido que se realice la transición.

Montalvo dijo se ha conversado con el Ministerio Público al respecto para presentar las denuncias formales de todas las irregularidades que se vayan detectando.

Y es que había casas de paz en donde se gestionaban hasta Fe Públicas, trámite que es de notarías, cobrando certificaciones en 20 dólares que nadie sabía para donde iba a parar ese dinero.

No existía trazabilidad y al final el perjudicado era el usuario.'

Las Casas de Paz se conocían antes como corregidurías y en algunas circunscripciones funcionaban los conocidos juzgados nocturnos, que siempre fueron criticados, en especial, durante la dictadura militar (1968-1989).

Mediante la Ley 16 de 2016 se da un cambio y pasan a llamarse casas de paz y aparece la figura de juez de paz. Pasan a quedar regidas por las alcaldías.

Ante el llamado insistente de diversos gremios de abogados se revisa la ley y al final surge otra norma, totalmente nueva, en 2025, con la que las casas y jueces pasan a ser regulados por el Ministerio de Gobierno que establece que su salario será, mínimo de 1000 dólares y se revisará cada cuatro años.

De igual forma, fueron halladas casas de paz totalmente vacías, sin mobiliarios ni expedientes.

Montalvo dijo que está recibiendo las actas de lo que se va encontrando y consideró que las denuncias de las madres sobre las retenciones de las pensiones alimenticias es un delito grave.

"El que mantenga, en estos momentos, temas que entregar que pertenecen a procesos que se llevaban adelante por parte de ciudadanos que lo entreguen, porque lo que menos queremos hacer es llegar con el Ministerio Público y tener que generar situaciones de allanamiento para poder recuperar los procesos del ciudadano", dijo la ministra de Gobierno.

A su vez, pidió a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que se está cometiendo un ilícito, debe denunciarlo.

Montalvo aseguró que hasta el momento se ha nombrado al 75% de los jueces de paz y la meta es que al 16 de enero estén sus puestos el 90%.

Precisó que estas nuevas autoridades comunitarias ya están trabajando, a pesar de las limitantes que encontraron algunas cuando llegaron a su despacho.

"Están atendiendo con lo que tienen. Se fueron sellos, se perdieron documentos de audiencias pero estamos sacando esto adelante", expresó la ministra.

En su mayoría son abogados y es lo que se procura, agregó, aunque comprende que habrá excepciones, por ejemplo, en comarcas indígenas y áreas de difícil acceso.

Los jueces de paz estuvieron adscritos a las alcaldías hasta el último día del año pasado.

Mediante la Ley 467, de 24 de abril de 2025, pasaron al Ministerio de Gobierno.

Los gastos de funcionamiento, incluidos salarios del personal y jueces, serán cubiertos por el presupuesto de la cartera.