Confusión e incertidumbre rodean negociación minera

Confusión es lo que gira en torno a la operación de la mina de Cobre Panamá, ubicada en la provincia de Colón, a 1,5 horas de Penonomé, provincia de Coclé. Dicha confusión se originó en 2018, tras el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 con el Estado, que dio vida a los trabajos en la zona, al considerar que no cumplió con los principios básicos de contratación pública.

En 2018, cuando se dio el fallo, First Quantum Minerals LTD, siguió operando, precisamente porque en ese momento, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), como responsable de la explotación de los recursos minerales, comunicó que el contrato de concesión minera firmado en 1996 y su posterior prórroga (de 20 años), se mantiene vigente en todas sus partes. El fallo únicamente declaró en su parte resolutiva la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 25 de febrero 1997 y no se pronuncia sobre dicho contrato de concesión; lo que significa que la declaratoria de inconstitucionalidad no tiene efecto sobre los actos que ya surtió la norma, ni los derechos adquiridos por la empresa; por eso el contrato sigue vigente hasta el año 2037; explicaron juristas consultados.

“Cuando las leyes son declaradas inconstitucionales, las mismas no tienen efecto retroactivo, y los derechos adquiridos, con respecto a lo que creó esa ley, permanecen vigente, no se pierden”, explicó el abogado, Pedro Meilán.

Meilán recordó que la prórroga que le dio el Mici a la empresa, después del fallo de la CSJ, es porque, “una cosa no tiene que ver con la otra”.

Y es que, existen voces que ponen en duda el contrato y la actual operación, sin embargo, Meilán detalló que, si se quisiera anular dicho contrato, se debe presentar una demanda de nulidad; pero mientras, este sigue vigente. De hecho, detalla que con o sin contrato, las consecuencias se deciden en otros estrados, ya que el mismo contrato tiene cláusula arbitral. No puede ser decidido por una sola parte.

De acuerdo con el abogado, Edgardo Molino Mola, se trata de un problema técnico jurídico, que no todo el mundo puede comprender. Para evitar estos escenarios, Molino Mola dice que falta legislar sobre los contratos leyes para poder desarrollar de manera legislativa los objetivos y finalidades de dichos contratos. Además, considera que se debería crear una gaceta judicial para que la Corte pueda publicar en tiempo sus fallos que la Constitución y las leyes les obliga hacer, y serviría también para otras valiosas publicaciones jurisprudenciales, artículos doctrinales y  reproducción de códigos y leyes importantes.

El jurista mencionó lo anterior, porque las decisiones de la Corte se deben publicar en la Gaceta Oficial, sin embargo, en este caso, aún no se ha hecho; aunque Molino dijo que tradicionalmente los fallos y las leyes se han demorado en publicar en la Gaceta, tanto así, que la propia norma constitucional tuvo que establecer que “la promulgación extemporánea de la ley no determina su inconstitucionalidad”, en reconocimiento a este mal crónico de nuestra Gaceta.

Sobre si la publicación en Gaceta o el anuncio del Mici en el Gobierno anterior afectaría la vigencia del contrato, Molino Mola recordó que los fallos en materia de leyes no tienen efecto retroactivo ni afectan las situaciones anteriores cumplidas, así como los derechos adquiridos por el contrato.

"En caso de que, al publicar la sentencia en la Gaceta Oficial, el Estado deje de reconocer los derechos adquiridos bajo el contrato por Minera Panamá, S.A. por considerar que el contrato queda anulado, como consecuencia de la publicación de dicha sentencia, Minera Panamá podría ejercer las acciones que el contrato le permite en las cláusulas vigésima segunda y vigésima tercera, sobre incumplimientos sustanciales y arbitraje, respectivamente. Los siguientes tratados podrían ser aplicables al caso: Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección de Inversiones, Convenio entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América sobre el Trato y Protección de la Inversión, y el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Panamá y Canadá.

Meilán dijo que si los términos de la justicia fueran más rápidos y los fallos se dieran en un año o menos, no se tendrían panoramas como este, donde una empresa hizo una inversión de casi 7,000 millones de dólares “y ahora resulta ser que quieren interpretar que la inconstitucionalidad de la ley anula el contrato”, nueve años después.

Incertidumbre

En virtud de que existe un contrato vigente, los entendidos en el tema consideran que se debe respetar la seguridad jurídica y fiscal de Cobre Panamá, refiriéndose a las negociaciones que el Estado mantiene actualmente con la empresa, tras el proceso antes descrito, que busca mejores condiciones para las partes involucradas.

El consultor laboral, René Quevedo dice que no solo se habla de una negociación entre dos partes; se debe entender que se trata de la mayor inversión extranjera hecha en Panamá, que genera plazas de trabajo.

Quevedo se refiere a los 39 mil empleos formales, a los $600 millones anuales en compras locales a 1,850 proveedores, y la contribución en la construcción de calles, electrificación, educación y otros; sectores que hoy sienten la tensión por el debate generado y las negociaciones con el Estado.

Francisco Díaz, representante de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), afirmó que hay inquietud entre los trabajadores de la actividad minera, porque piensan en cómo van a quedar una vez se concreten los acuerdos con el Estado, porque solo se habla del tema de regalías entre empresa-Estado; y son miles de plazas de empleo en juego.
Según Díaz, las negociaciones tienen una responsabilidad con los trabajadores, y buscan lograr un balance entre las mejores condiciones para el Estado, sin comprometer los empleos formales que genera la mina y lo que cotizan en la Caja de Seguro Social (CSS).

Horacio Gordillo y Bolívar González forman parte de esos colaboradores de Cobre Panamá que confirman que se siente la incertidumbre ante las negociaciones, por lo que esperan que esta no se extienda.

González comentó además que se percibe también el rechazo de algunos sectores, en especial el ambiental, pero considera que es necesario que se conozca mejor qué es una mina, ante la circulación de información incorrecta y falsa; sobre todo, porque representa el sustento de muchas familias panameñas.