Crimen organizado afecta la calidad de vida de la población en Panamá y la América Latina

El avance del crimen organizado en la región provoca, entre otras cosas, un recrudecimiento en las formas de aplicar la violencia de los delincuentes y reduce la calidad de vida de la población en general.

Informes regionales sobre pandillerismo y crimen organizado plantean que la continua expansión de la delincuencia organizada transnacional incide también en los procesos de privatización de la seguridad, en la militarización de la policía y en la corrupción que ella genera en el sistema público.

Los informes toman vigencia con el reciente desmantelamiento de la cúpula de la pandilla Bagdad y la presunta implicación de un oficial de la Policía Nacional (entre otras unidades), encargado de la seguridad de sus operaciones.

También se refuerza con la detención de otros policías vinculados a actividades delictivas y la afirmación del fiscal de Drogas, Eduardo De La Torre, de que no descarta que haya otros uniformados trabajando con esta pandilla.

Anteriormente, en Panamá han sido detenidos fiscales y otros funcionarios del sistema de justicia por sus vínculos con grupos criminales organizados.

Aunado a que diferentes presidentes de la república y ministros de Seguridad Pública han denunciado, sin actuar contra ello, que la narcomafia ha penetrado en la política panameña.

Desde el año 2016, cuando en el país se hizo el estudio "Caracterización de las pandillas en la República de Panamá", con el apoyo de organismos internacionales, se hablaba del peligro de la extensión del poder de estos grupos en la sociedad panameña.

Precisamente, la expansión de las pandillas genera otros peligros a nivel gubernamental y social, como el impacto que produce en la economía, sobre todo en el turismo, una de las principales fuentes de ingreso para muchos países.

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Además, el crecimiento de las pandillas produce un aumento en el consumo de drogas, la fácil adquisición de armas de fuego, el uso de sistemas modernos de comunicación y bancarios con fines delictivos.

Otra de las consecuencias es que las fronteras se hacen más porosas, se debilita el sistema de justicia criminal y aumentan los niveles de corrupción.

En las últimas semanas, las autoridades panameñas le han propinado duros golpes a los grupos criminales organizados, con un total de cinco operaciones en las que han capturado cabecillas de pandillas, armas de fuego, toneladas de drogas y millones de dólares en efectivo.

La más reciente fue la Operación Aquiles, en la que se aprehendieron a 31 personas en 56 diligencias judiciales vinculadas a pandillerismo, extorsión, tentativa de homicidio y tráfico de drogas.

Siete de los detenidos están sindicados por pandillerismo por su presunta vinculación con la organización criminal "Niños homicidas".

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Anteriormente, las autoridades efectuaron la Operación Neptuno, en la cual se detuvo a 19 cabecillas de Bagdad, a quienes se les incautó un cuaderno con una supuesta lista de policías emplanillados en la organización criminal.

Según las primeras pesquisas, el oficial detenido por su vinculación a Bagdad utilizaba recursos y personal de la Policía Nacional para realizar su trabajo con Bagdad, además de que les facilitaba servicios de escolta y les abría retenes para su paso.

A finales del año pasado, la Policía incautó en Felipillo cerca de $2 millones en efectivo y armas de fuego en varios caletos, pertenecientes a grupos criminales que operan en el área.

Las autoridades estiman que en Panamá operan unas 159 pandillas.