Panamá
Crisis carcelaria: Gremio de abogados exige reactivar el Consejo de Política Penitenciaria
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
La presidenta de este gremio detalló que este consejo fue diseñado con carácter ad honorem.
La Policía Nacional continúa la búsqueda de los reos fugados.
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El Colegio Nacional de Abogados, a través de su presidenta Maritza Cedeño, manifestó su profunda preocupación ante la falta de operatividad del Consejo de Política Penitenciaria, un órgano técnico contemplado en la Ley 5 de 2003 para definir las directrices de los centros de reclusión del país, señalando que la instancia no ha sido convocada en los últimos dos años.
De acuerdo con Cedeño, a pesar de que la normativa que reorganiza el sistema carcelario tiene más de dos décadas de vigencia, su cumplimiento sigue siendo una tarea pendiente en aspectos como seguridad, rehabilitación y reinserción del privado de libertad.
La presidenta de este gremio detalló que este consejo fue diseñado con carácter ad honorem y que, por ende, no genera costos adicionales para el presupuesto institucional.
Cedeño manifestó que entre las instituciones que integran este órgano están el Ministerio de Gobierno, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o el adjunto, la dirección del Sistema Penitenciario, un representante de la Policía Nacional, la Iglesia Católica, un representante del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y un representante de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
A pesar de haber solicitado la reactivación del foro mediante notas formales, el gremio confirmó que no ha recibido ninguna convocatoria, lo que ha impedido que sectores fundamentales aporten en la discusión de las políticas de rehabilitación y reinserción que exige la Constitución.
Luego de la fuga del pasado lunes, este gremio recordó la importancia de apegarse estrictamente a las normativas vigentes, las cuales establecen protocolos claros para el traslado de reclusos y la debida notificación a sus defensores legales.

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