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Defensoría admite queja contra MiAmbiente, MICI y Minseg

Entre los derechos presuntamente vulnerados se encuentran: derecho a un ambiente sano y derecho a la salud.

Redacción / nacion.pa@epasa.com / PanamaAmerica - Actualizado:

Sede de la Defensoría del Pueblo. Foto: Cortesía

La Defensoría del Pueblo admitió una queja de oficio en contra del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Ministerio de Comercio e Industria, (MICI) y Ministerio de Seguridad, (Minseg) por la vulneración de derechos tras inspección sorpresa realizada a la Minera Panamá, por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), recientemente.

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A través de un comunicado, la entidad indicó que esta inspección se realizó luego de recibir información sobre el impedimento de paso de insumos, repuestos, personal y demás recursos necesarios para la mitigación y control ambiental mínimos dentro de Minera Panamá con el propósito de evitar una catástrofe ambiental.

Para la INDH, se debe instalar una planta de dosificación, la cual fue enviada a Panamá para las modificaciones para el período de lluvias, pero no ha sido instalada debido al retraso por la situación que vivió el país.

La Defensoría explicó que dicha planta se requiere como medida de contingencia para mantener el balance del pH y prevenir la movilización de metales en caso de una potencial lluvia y desborde de pozos de contención agua arriba del Río Botija.

Entre los derechos presuntamente vulnerados se encuentran: derecho a un ambiente sano y derecho a la salud.

Le corresponderá a la Dirección Nacional de Asuntos Ambientales de la Defensoría del Pueblo, realizar inspecciones a cualquier institución pública y demás diligencias útiles y pertinentes para el esclarecimiento de la presente investigación.

Por otro lado, ayer el Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc,  entregó al procurador de la Nación Javier Caraballo un documento en el cual explica algunos hechos que se dan en las comunidades de San Juanito, en el Distrito de La Pintada y Río Caimito en el Distrito de Donoso.

Según Leblanc en la inspección realizada en estas comunidades en las provincias de Coclé y Colón, pudo observar posibles vulneraciones de derechos humanos como: impedimento del libre tránsito, presumiblemente consumo de sustancias psicotrópicas, personas encapuchadas las cuales presumiblemente poseían armas de fuego en lugares donde se pone en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes (NNA) y moradores que expresaron sentirse atemorizados y desprotegidos por los estamentos de seguridad.

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