Descontento en pescadores por posible veto a proyecto de ley

Pescadores del Mercado de Mariscos se manifestaron este lunes para que el proyecto que crea una nueva ley de pesca sea sancionado por el presidente Laurentino Cortizo.

La reacción de los trabajadores del mar surge ante la posición de la Fundación Mar Viva, que pide que el proyecto 131 sea vetado por el Ejecutivo.

"En ningún momento se sentaron en la mesa, cuando se discutió el proyecto", expresó el dirigente de los pescadores, Santiago Escartín.

Mar Viva, en un mensaje en sus redes sociales, publicado el pasado 14 de diciembre, solicitan la corrección de los artículos 51, 54 y 55, relativos a la pesca de consumo doméstico, la artesanal y la de mediana escala.

A su vez, piden que se reconsideren los artículos 146, 152 y 155, que versan sobre las sanciones, prohibiciones, derogaciones y modificaciones de otras normas legales sobre la actividad.

"Lo que ellos están pidiendo, todo va en contra del pueblo panameño, porque somos más de 25 mil pescadores que hay solo a nivel del Pacífico, por lo que están jugando con la comida del pueblo", indicó Escartín.

El proyecto proviene del Gobierno Central. Fue presentado por el ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama, el 2 de octubre de 2019.

131

es el proyecto de ley que regula la pesca en el país.

30

de octubre fue el proyecto enviado al Órgano Ejecutivo para su consideración. Cuenta con 30 días hábiles para decidirse.

Recibió primer debate el 22 de octubre de 2020, luego que fue enviado a una subcomisión, en la que fue sometido a consultas por parte de los interesados.

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El Pleno de la Asamblea le dio segundo y tercer debate el 28 y 29 de octubre, mientras que el 30 de octubre fue enviado al Ejecutivo para su sanción.

Al momento en que este proyecto pasa al Pleno, Mar Viva y otras organizaciones ambientalistas cuestionaron la exclusión de los centros de investigación y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Comisión de Pesca Responsable.

El presidente Cortizo cuenta con 30 días hábiles para sancionar o vetar el proyecto de ley.