Estado panameño enfrentaría demandas por supuestos abusos cometidos contra menores de edad en albergues

Ante el escándalo de supuestos abusos cometidos en algunos albergues del país, el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, manifestó que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), debe ser cerrada.

Fraguela indicó que debe crearse una nueva entidad con personal técnico y profesional que tenga experiencia en ese tipo de manejo para evitar que esas conductas cometidas en algunos albergues del país sean repetitivas y que puedan regresar en un futuro.

"Para la creación de fundaciones u ONG's que vayan a dar un tipo de servicio social para niños, niñas, jóvenes en riesgo, adultos mayores o personas con discapacidad y todo lo que tenga que ver con familia, el Estado debe crear disposiciones para someter a investigaciones y conocer los antecedentes de sus donantes, directivos, trabajadores, etcétera", explicó.

Agregó que eso no debe quedar "algarete" y se hace necesario una supervisión de este proceso.

"Esta supervisión estricta se hace necesaria, ya que en Panamá las medidas y disposiciones legales para adoptar son sumamente estrictas y mucho más estricta debe ser la constitución de estas fundaciones que van a atender a una gran cantidad de niños y de personas en un grado de vulnerabilidad", expresó.

Además de esto, reciben dineros públicos para atender supuestamente esas fundaciones, "cuando hemos visto situaciones vergonzosas como alimentos deteriorados y alimentos para perros que le daban a estos jóvenes".

Ante estos hechos que han salido a la luz pública, el exvicepresidente del CNA enfatizó que como sociedad hemos fallado.'

6

meses duró la investigación realizada por la Asamblea que destapó este escándalo.

700

páginas tiene el informe que fue entregado la mañana de ayer al Ministerio Público.

Demandas al Estado

Según el jurista, otro de los focos que pudiera tener esta situación que se ha dado supuestamente en algunos albergues del país, es la posibilidad de que el Estado sea demandado.

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"Todas las personas que de alguna manera pudieron tener algún grado de afectación en este caso, pudieran demandar al Estado, toda vez que el deber del Estado es el de garantizar el cuidado de esas criaturas", explicó el abogado.

De forma contundente, Fraguela señaló que ese es un deber del Estado y el mismo falló, "razón por la cual nos hemos visto inmersos en esta vergüenza internacional de un país que ha demostrado, con su omisión en unos casos y su actuación en otras, un desprecio por sus semejantes, algo que no puede pasar".

Confusión

Otra de las que reaccionó ante la situación que ha sucedido en los albergues, fue la abogada Dinozka Montalvo, quien cuestionó el accionar del Gobierno Nacional en este caso.

Montalvo señaló que cuando la ministra del Mides, María Inés Castillo, dijo que inicialmente habían puesto una denuncia y posteriormente acuden a la Procuraduría a poner una querella, por algún lado están "mintiendo".

"No es que las instituciones del Estado no puedan constituirse como querellantes, el problema es que para hacerlo primero tiene que estar individualizada la persona o las personas que se van a querellar", explicó.

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Si esta información no está, sencillamente no se pueden constituir en querellantes, en este caso solo se estaría hablando de una denuncia para que el Ministerio Público al final pueda obtener la individualización de las personas que guarden relación con el caso, sentenció.

"La ministra, o conoce a los agresores, o no pudieron poner ninguna querella, a menos que sean funcionarios del Mides los querellados", dijo.