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Sociedad / Federación de Servidores Públicos se opone a que prima de antigüedad se pague mediante bonos

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Asamblea Nacional / Bonos / Funcionarios / Ley / Panamá / Prima de antigüedad

Panamá

Federación de Servidores Públicos se opone a que prima de antigüedad se pague mediante bonos

Actualizado 2021/10/26 07:34:17
  • Francisco Paz
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El secretario general del gremio dijo que ya están cansados de tener que negociar con comercios el canje de los bonos, práctica usada por los últimos gobiernos para cumplir con deudas pasadas.

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Se calcula que desde 2014 dejaron de laborar en el sector público, alrededor de 100 mil personas, quienes tendrán derecho a la prima. Foto: Archivo

Se calcula que desde 2014 dejaron de laborar en el sector público, alrededor de 100 mil personas, quienes tendrán derecho a la prima. Foto: Archivo

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Los servidores públicos están atentos a la forma de pago como el Gobierno reconocerá la prima de antigüedad a las que tienen derecho, de acuerdo con la Ley 241, sancionada el pasado 13 de octubre.

Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Públicos (Fenasep), manifestó que están pendientes de un proyecto de ley, mediante el cual, la prima de antigüedad se les reconocería con bonos.

Esta práctica es la que ha empleado los últimos gobiernos para cumplir con deudas adquiridas con funcionarios, como los décimos tercer mes (Cepadem) y aquellos que cotizaron al antiguo Fondo Complementario (Cerpan).

Sin embargo, el dirigente de la Fenasep informó que rechazan esa forma de pago, porque condicionan una prestación a la que tienen derecho.

"Nos manda al comercio secundario para hacer cambios de estos bonos, descontándonos un porcentaje para poder cambiarlos, fuera del tema de que para poder cambiarlos al 100% hay que esperar cuatro o cinco años y ya estamos cansados de esa forma de pago", dijo Haynes.

El funcionario indicó que una vez inicie la próxima legislatura, en enero, y se discuta ese proyecto, asistirán a la Asamblea Nacional para dar a conocer su posición.

Agregó que pareciera que la intención de los diputados es pagarle con documentos negociables a aquellos que dejaron de laborar en el Estado desde 2014, los cuales se calculan en 100 mil personas.'


La prima de antigüedad se calcula con base a una semana de salario por cada año laborado.

Está vigente en el sector privado y ahora se implementará en el ámbito estatal.

El pago de esta prestación es parte de una serie de conquistas de los trabajadores públicos para que le fueran reconocidos los mismos derechos con los que gozan los trabajadores del sector privado.

A este pago califican los que se desvincularon del sector público por cualquier forma, incluyendo renuncias, de acuerdo con la Carrera Administrativa y otras leyes especiales.

Sin embargo, Haynes no está de acuerdo conque se apruebe dicha medida y menos con los 200 mil servidores públicos que aún están activos.

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"Que se nos pague en efectivo", recalcó en forma tajante el secretario general de la Fenasep.

Para la mañana de hoy, el gremio de trabajadores públicos se pronunciará con relación a este tema.

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Otros gremios de servidores públicos han solicitado que la retroactividad de la norma sea hasta 1994, cuando se estableció la Ley de Carrera Administrativa, sin embargo, el proponente del proyecto, Leandro Ávila ha aclarado que es solo para los trabajadores públicos cesados desde 2014.

Según el artículo 4 de la Ley 241, la prima de antigüedad es reconocida al servidor público permanente o transitorio o contingente o de Carrera Administrativa y de otras carreras públicas y leyes especiales en aplicación de la Ley 9 de 1994.

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Califican aquellos servidores que hayan laborado en varias entidades, con base en el último salario devengado.

En estos casos, la última institución en la que laboró será la encargada de pagarle la prima, que se calcula a razón de una semana de salario por cada año trabajado.

Este pago no estará sujeto a embargos ni medidas cautelares y tampoco se le descontará seguro social.

De igual forma, no es excluyente de cualquier otro derecho o prestación que reciba el funcionario con motivo de su desvinculación con la administración pública.

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