sociedad

Lgbtqi+: Informe habla de discriminación y acoso en Panamá

Cuestionan reglamentos disciplinarios de la Policía Nacional y los estamentos de seguridad.

Miriam Lasso - Actualizado:

Protestas se mantienen en diferentes por informe y fallo. Cortesía

Aunque la ley en Panamá no penaliza conducta sexual consensual entre individuos adultos del mismo sexo, el Informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos, enlistó una serie de políticas y restricciones que ubican a Panamá entre los países donde se aplican prácticas discriminatorias en contra de la comunidad Lgbtqi+.

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Habla de discriminación, acoso y hasta supuesta extorsión por parte de los estamentos de seguridad, discriminación laboral y cuestiona la prohibición del matrimonio igualitario.

En el informe compartido por la Embajada de Estados Unidos en Panamá se cuestionan reglamentos disciplinarios de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad que detallan la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo como una "ofensa grave" y señala que desde el Ministerio de Seguridad no se realizó esfuerzos creíbles para rescindir el reglamento que consideran discriminatorio.

Sumando a lo anterior, el informe advierte la falta de estadística sobre casos de violencia en contra de los individuos LGBTQI+, mientras grupos sociales denunciaron el acoso por parte de policía, al igual que altos niveles de violencia en contra de personas transgénero.

Activistas transgénero alegaron que una pequeña cantidad de policías extorsionaron a trabajadoras sexuales transgénero.

Igualmente, el Informe de Derechos Humanos 2022 afirman que existió discriminación social relacionada con la orientación sexual y la identidad de género, lo cual a menudo llevó a que se negaran oportunidades de empleo.

Los matrimonios del mismo sexo seguían siendo prohibidos por ley en el 2022 y a las parejas del mismo sexo que se casaron en el exterior no se les permitió registrar su matrimonio legalmente.

Recientemente, la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia publicada el 16 de febrero, declaró la constitucionalidad de las normas del código de familia y del código de derecho internacional privado que limitan los matrimonios civiles solamente aquellos conformados por personas de sexo opuesto.

En Panamá, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales la frase "entre un hombre y una mujer", contenida en el artículo 26 del Código de la Familia de la República de Panamá, ni la expresión "las personas de ese mismo sexo", incluida en el precepto 34, numeral 1, también del Código de la Familia de la República de Panamá, en un fallo del 16 de febrero de 2023.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que no reconoce derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo y urgió al Estado a garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las familias diversas conforme a los estándares interamericanos.

"Indudablemente, un categórico mensaje tanto del Sistema Universal, como del Sistema Interamericano, en notar que Panamá no está cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos", afirmó Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales.

Familia

Activistas lesbianas también han mencionado restricciones a su capacidad de crear una familia. "Sigue siendo imposible, conforme a la legislación, asegurar que un niño tenga el apellido de ambasLos grupos de la sociedad civil alegaron que el reconocimiento de género fue prácticamente imposible. La ley permite el cambio de nombre, aunque existen barreras- incluyendo, en muchos casos, un periodo de cinco años de uso continuo- que impedían dichos cambios legales.

Terapias

Igualmente, algunos líderes LGBTQI+ en la sociedad civil alegaron que algunas iglesias usaron la terapia denominada de conversión y coordinaron con el Instituto Nacional de Salud Mental.

Los líderes de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias alegaron que ocurrieron instancias e "terapia de conversión" durante el año, citando el caso de una mujer de 18 años cuya familia la amenazó con someterla a choques eléctricos como parte de la "terapia de conversión".

"Desde los nueve años fui víctima de terapia de reconversión. La supuesta base científica para cambiar la orientación sexual nunca funcionó y en Panamá hay muchos testimonios de esta estafa vendida como ciencia. Esto es violencia hacia los LGBTIQ y puedo dar testimonio de ello", también señaló el activista y defensor de la comunidad Lgbtiq+, Ricardo Beteta.

En cuanto a las restricciones a la libertad de expresión, de asociación o de reunión pacífica, el documento reconoce que no había leyes que explícitamente prohibieran la libertad de expresión, asociación o de reunión pacífica de individuos LGBTQI+.

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