Mulino sobre veto a proyecto: 'como abogado lo que quisiera es una profesión más responsable'

Luego del veto del proyecto de Ley 168 que pretendía modificar la Ley 350 sobre el ejercicio de la abogacía, el presidente, José Raúl Mulino, expresó que tomó esta decisión porque no era conveniente y como abogado lo que quisiera es una profesión más responsable.

Mulino aspira a que esta profesión sea ejercida de manera profesional y no a través de la obtención de títulos sin mayores formalidades ni comprobación de la capacidad jurídicas de sus aspirantes.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario manifestó que pensó mucho esta decisión y lo consultó bastante siendo abogado, en el que recibió opiniones de expresidentes del Colegio Nacional de Abogados y de otros sectores quienes expresaron objeciones a varios de los artículos.

El primer obstáculo que vio el mandatario fue el traslado de la competencia del examen de idoneidad a la Universidad de Panamá, sin sustento en el fallo de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.

También, cuestionó los requisitos para obtener el título de abogado, entre ellos, que el estudiante publique la tesis, sin que se estableciera el foro o el medio en que debía hacerse, lo que, según él, le restaba seriedad al proceso.

Mulino considera que el proyecto de Ley 168 constituye un retroceso significativo en el ejercicio de la abogacía, al impedir la evaluación de los niveles profesionales que la carrera exige, y que la ciudadanía legítimamente demanda.

Ahora, le corresponde a la Asamblea Nacional volver a presentar la ley o las modificaciones para volver a analizarlas en el Ejecutivo.

El proyecto de Ley 168 proponía tres alternativas para obtener la idoneidad: aprobar el examen profesional de acceso a la abogacía, en el cual se califica la capacidad analítica en temas jurídicos del aspirante a abogado.

Presentar una tesis publicada en una revista indexada o especializada, como opción de graduación.

Además, realizar el servicio voluntario de tres meses en despachos y juzgados del Órgano Judicial y del Ministerio Público, así como en instituciones públicas que cuenten con oficinas de asesoría legal.