Naciones Unidas sugirió rescindir contratos de hospitales inconclusos
Así lo revela un informe de noviembre de 2019, al que tuvo acceso Panamá América y en que se sustenta que el Estado tenía suficientes razones para proceder a cancelar las contrataciones con IBT.
Los residentes en Bugaba y Tierras Altas tienen años luchando por un hospital y así quedó la construcción del que se estaba levantando. Archivo
A nte el interés mostrado por el Gobierno de llegar a un entendimiento con la empresa IBT, con relación a las obras que dejó inconclusas, existen informes de organismos internacionales que advierten que se debió tomar otros pasos.
Así lo revela un informe al que tuvo acceso este medio, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) sobre la revisión de los hospitales de Metetí, Bugaba, Anita Moreno (Los Santos) y Manuel Amador Guerrero (Colón).
El documento, fechado en noviembre de 2019, propone la elaboración de una hoja de ruta para el abordaje de los problemas legales, técnicos y financieros que deberá enfrentar el Ministerio de Salud (Minsa) para poder concluir los hospitales.
En el informe, Unops recomienda al Minsa que rescindiera los contratos de estas obras, luego que realizara una inspección independiente, en donde se constatara si se cumplió con el pliego de cargos, diseños, planos, obra física, equipamiento, pruebas de funcionalidad de las instalaciones y equipos, si los hubiere.
Según el organismo internacional, las autoridades tenían motivos suficientes para cancelar los contratos y establecer un rescate administrativo, ya que existían razones de interés del Estado, como el hecho que en 10 años estas obras no han sido concluidas.
Además, en otra cláusula del contrato se estipula el interés del Estado, en el que este "se reserva el derecho a aumentar o suprimir los trabajos originalmente pactados en el contrato cuando así lo considere de su interés".
Al respecto, la Unops sugirió preparar un informe que incluyera el análisis de la viabilidad técnica, jurídica de la terminación del o de los contratos, los riesgos de arbitraje y montos económicos que pudieran derivarse de dicha cancelación.
Un mes antes de este informe, en octubre de 2019, el Minsa, bajo la gestión de Rosario Turner, contrató a la firma de abogados Alfaro, Ferrer & Ramírez, con experiencia en negociaciones contractuales, para que examinara los proyectos.
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Sin embargo, llegó la pandemia y no se conoció qué resultados se derivaron de la contratación del bufete.
Posteriormente, y con el ministro Luis Francisco Sucre, al frente del Minsa, sus declaraciones ante inquietudes presentadas por diputados de los circuitos donde se ubican los hospitales fueron que todavía se mantenían las conversaciones con la empresa contratista.
Esto fue corroborado por el viceministro de Economía y Finanzas, Jorge Almengor, quien manifestó el pasado 27 de marzo, que en el caso de IBT era importante que se tome una decisión de Estado y se logre un acuerdo.
"No diría que amigable, pero en beneficio del Estado y la sociedad, lo cual es fundamental para planificar en el tiempo una ejecución debida", dijo en esa ocasión el viceministro.
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Hace casi tres años se detuvieron las obras.
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