Panamá
'No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos', asegura Policía tras denuncias de grupos sindicales
- Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica
A través de un comunicado oficial, el estamento de seguridad aclaró la naturaleza de las operaciones señaladas por dirigentes sociales.
Movimientos sociales denunciaron esta semana la infiltración. Foto: Cortesía
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La Policía Nacional desmintió las acusaciones presentadas por agrupaciones sindicales sobre presuntas infiltraciones de unidades policiales, sosteniendo que la institución opera bajo estrictos protocolos dentro del marco legal vigente y con pleno respeto a los derechos humanos.
A través de un comunicado oficial, el estamento de seguridad aclaró la naturaleza de las operaciones señaladas por dirigentes sociales.
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La institución enfatizó que "no tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos" desplegados para el desarrollo de operaciones estratégicas orientadas a preservar el orden público y la seguridad nacional.
Según la institución, la mayoría de las unidades que fueron expuestas públicamente en redes sociales forman parte, desde 2025, de investigaciones formales y diligencias de allanamiento lideradas por el Ministerio Público.
Además, se advirtió que los datos personales de estos funcionarios forman parte de expedientes judiciales y requieren protección legal.
La entidad aseguró defender el derecho de la ciudadanía a protestar de manera pacífica y sin perjudicar a terceros, actuando como brazo auxiliar de la justicia.
La Policía ratificó su compromiso con la transparencia e informó que aplica procesos disciplinarios, desvinculaciones y despidos contra aquellos efectivos que incurran en actos fraudulentos o infrinjan la ley.
La aclaración de la Policía Nacional se produce tras las acusaciones hechas por diversas organizaciones sociales, las cuales denunciaron presuntas labores de espionaje contra sindicatos y colectivos estudiantiles, indígenas y ambientales. Según los grupos denunciantes, estas acciones habrían buscado vigilar e intimidar a dirigentes, así como recabar datos sobre las movilizaciones.
Asimismo, las agrupaciones señalaron que estos seguimientos supuestamente se ejecutaron sin autorización judicial previa, involucrando presuntamente la malversación de recursos estatales e interferencia en causas penales.
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