Precarismo le cuesta millones al Estado y años de espera y angustia a los despojados
El director de Asentamientos Informales del Miviot indicó que para que esta práctica tenga un control, debe existir una ley que ponga en buen recaudo a las personas que se dedican a invadir tierras en diversos puntos del país para luego venderlas.
Precarismo le cuesta millones al Estado y años de espera y angustia a los despojados
La invasión de tierras en Panamá sigue siendo un problema social grave, pese a que ya se tipificó como delito el precarismo organizado, al punto que solo la indemnización a los propietarios afectados que no fue pagada en el pasado gobierno, suma casi $30 millones.
En Panamá, actualmente hay 395 asentamientos informales, que involucra a aproximadamente 53 mil 479 familias.
Del total de asentamientos informales que hay en el territorio nacional, 10 se han formado en medio de la pandemia por la COVID-19, según el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
Entre las comunidades que se han formado en medio de la pandemia están: una en Colón, una en Darién, cinco en Panamá Este (Chepo) y tres en Arraiján.
Fausto Palacios, director nacional de Asentamientos Informales del Miviot, indicó que entre las provincias en la que mayor cantidad de invasiones de tierras se han dado están: Panamá, con 150; Panamá Oeste, con 83; Colón, con 40; Chiriquí, con 35, y el distrito de San Miguelito con 33.
Las únicas provincias que están libres de precarismo en estos momentos son Herrera y Los Santos.
Palacios añadió que como institución, el Miviot es conciente de la necesidad de vivienda que tienen muchos panameños y por ello, le dan seguimiento a unas 200 invasiones en todo el país, las cuales estarían próximas a ser legalizadas.
Actualmente, el déficit habitacional en Panamá ronda las 200 mil unidades de vivienda, según el Miviot.
El funcionario indicó que con esta legalización se busca que las personas puedan iniciar con sus pagos para poder contar con sus títulos de propiedad, lo que les permite realizar trámites como hipotecas, traspasos, e incluso hasta la venta de la propiedad.
Recientemente, los ministerios de Vivienda y de Seguridad Pública se reunieron con la Policía Nacional para abordar el tema de los asentamientos informales y ver de qué manera se puede frenar esta mala práctica.
Algo que se daría debido al problema social en el que se han convertido los asentamientos de tierras para las autoridades en los últimos años.
Daño de millonesPalacios agregó que hay dos tipos de invasiones de terreno que se dan en Panamá, una a tierras que son propiedad del Estado y las que se registran a la propiedad privada.
"Cuando se da una invasión a terrenos del Estado, es donde interviene la Anati, el Banco Hipotecario Nacional y nosotros como Miviot hacemos el papel de facilitadores en la obtención de la tierra para darles solución a aquellas personas que necesitan una vivienda", explicó.
Añadió que en el tema de las invasiones de terrenos privados hay casos en los que las personas, incluso, tienen más de 30 años de ocupar las tierras.
En estos casos se llega a un acuerdo con los dueños de las tierras, "ya que son gente (los invasores) que tú no las puedes sacar, porque muchos tienen casas permanentes, calles, luz, agua, etcétera".
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Cuando se llega a algún acuerdo se expropia la finca, para luego proceder a indemnizarla, esto luego de que el Ministerio de Economía y la Contraloría hagan un evalúo de la finca.
"Cuando ellos nos arrojan el costo de la finca, nosotros como Ministerio de Vivienda debemos contar con el presupuesto para eso", expresó.
Fausto Palacios dijo que actualmente son entre 25 y 30 millones de dólares que heredaron en deudas del Gobierno del expresidente, Juan Carlos Varela y la administración del exministro, Mario Etchelecu.