Promotora de PH Zima rechaza acusaciones de irregularidades en proyecto de La Cresta

Ante los cuestionamientos, denuncias y desinformación que han circulado, en los últimos días, en torno a la construcción de un proyecto habitacional en el sector de La Cresta, sus representantes salieron al paso de las críticas, afirmando que los señalamientos hechos por los morados carecen de sustento, pues han cumplido con todos los requisitos solicitados por las autoridades para este tipo de construcciones, respetando los procesos de participación ciudadana.

Katherine Torres, gerente del proyecto Zima, señaló que, aunque han tratado de acercarse a los residentes para aclarar sus dudas no ha sido posible debido a que están siendo influenciados por terceras personas que están al tanto de que cuentan con la certificación de la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) de la Alcaldía de Panamá para realizar dicha obra.

Detalló que uno de los puntos más mencionados por los vecinos es la supuesta afectación de la servidumbre colindante con el proyecto, no obstante, esta no forma parte de su terreno, por lo tanto, desde el diseño de construcción ha sido respetada.

"En nuestro plano topográfico, que está en Prefasia (página de consulta del Ministerio de Ambiente), puede verse claramente que no tocamos la servidumbre. Eso ya fue consultado y respondido a Mi Ambiente", dijo.

Además, la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá estableció que el sitio donde se ejecutará el proyecto debe "respetar la servidumbre vial de 7.5 metros exigidos por ley", por lo tanto, considera que las preocupaciones de la comunidad han sido completamente infundadas.

Sin embargo, los residentes insisten en que sus opiniones no han sido tomadas en cuenta por la promotora, pese a que la misma posee documentación probatoria que sustenta las conversaciones, volanteos y encuestas realizadas desde el año 2024, y de la relación directa que mantuvieron con representantes de la Asociación de Vecinos de La Cresta (Avelac), quienes se comprometieron a ser el vínculo entre las partes involucradas, pero actualmente se han convertido en un obstáculo porque incentivan la oposición de sus miembros a la obra.

Tanto Torres como el inversionista del proyecto reiteraron que han cumplido con todos los requisitos que la ley vigente les exige para realizar esta construcción, incluso para garantizar la legitimidad del proceso de participación ciudadana desarrollaron tres alternativas de consulta a pesar de que al ser un proyecto de menor impacto (tipo 1) obligatoriamente solo deben realizar una.

"Elegimos las 3 (encuestas, volanteos y reunión informativa) porque sabíamos que la comunidad quería expresarse y consultar; y nosotros tratar de abarcar lo más que pudiéramos (…), quisimos tratar de cubrir muy bien esa parte", aseveró.

A la promotora le preocupa que algunos residentes estén exigiendo que se le revoque la aprobación de construcción sin antes tomarse el tiempo de comprobar que no existen irregularidades en su proyecto, al contrario, desean impulsar el desarrollo de la zona a través de la generación de nuevos empleos.