Reducción del déficit habitacional depende del sector privado

Las políticas orientadas a reducir el déficit habitacional en Panamá deben contemplar las desigualdades de infraestructura y salarios en todo el país, ya que, los ingresos en el interior de la república son 17% más bajos que en la ciudad capital, una situación que limita el acceso de una gran cantidad de panameños a viviendas.

Tras el vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda (FSV), los requisitos para obtener un préstamo hipotecario se han convertido en un obstáculo para la clase media trabajadora y el sector de la construcción, ocasionando su paralización y la pérdida de más de los 1,000 empleos directos e indirectos.

 Una situación que, según el economista Eric Molino Ferrer, requiere el apoyo del sector privado, pues ha demostrado ser un constructor 30% más eficiente de lo que históricamente ha sido el Estado. 

“Si queremos continuar con la reducción del déficit habitacional, el sector privado tiene que jugar un rol protagónico”, asevero. 

El analista aboga porque este tipo de programas de interés social continúen en beneficio de los contribuyentes garantizando el uso eficiente de sus fondos, ya que, si el gobierno intenta dar solución a esta problemática de manera individual las consecuencias económicas en materia de recaudación podrían alcanzar los 90 millones de dólares anuales, una cifra que supera lo destinado al FSV en el año 2023. 

Menciona que si el Estado se convierte en el único promotor de viviendas a nivel nacional los contribuyentes deberán hacer frente a un impacto económico que asciende a 240 millones de dólares anuales, por ello, aunque está de acuerdo en que se tomen medidas para reestructurar aquellos subsidios y exoneraciones que han deteriorado las finanzas nacionales, considera que este programa en particular ha demostrado ser un neto positivo para los panameños.

 En este sentido, la Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi) propone la creación de un seguro de crédito hipotecario para todo tipo de vivienda bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos con el objetivo de dar mayor seguridad al sector bancario, contribuyentes y promotores.

Los proponentes detallaron que este seguro le permitirá a los contribuyentes adquirir viviendas a través un porcentaje mínimo; el resto procederá de una fianza, dándole al banco la “tranquilidad” de que la vivienda nunca será una pérdida. 

Carlos Jurado, representante de Aprochi, espera que la ley aprobada por el Ejecutivo le permita tanto a los interioranos como a los capitalinos condiciones cónsonas con su realidad para acceder a su primera vivienda. 

Interés preferencial

A través de Consejo de Gabinete se aprobó presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 0925 que establece nuevas disposiciones para la adquisición de viviendas a través del marco preferencial, ya que, la normativa actual vence en diciembre de este año.

La nueva ley de interés preferencial no tendrá tasa de referencia ni fecha de vencimiento, se basará en las tasas del sistema bancario e incluirá tres tramos básicos de interés. 

El primero para viviendas nuevas de hasta 50 mil dólares con un subsidio del 4%; el segundo para construcciones de más de 50 mil hasta 80 mil dólares; y el tercero va desde 80 mil hasta 120 mil dólares con una tasa del 3% y 72 meses de subsidio lo que equivale a 6 años.

Además, se aprobó un plan de pago para cancelar las deudas acumuladas con los bancos a más tardar inicios del mes de abril.