Universidad de Panamá se ofrece como facilitadora de diálogo para solucionar demandas sociales
Ante la crisis nacional, la UP recomendó al Gobierno Nacional poner un alto a la especulación en los precios de los alimentos y medicamentos.
Universidad de Panamá. Foto: Archivo
La Universidad de Panamá (UP) pone a disposición su recurso humano e instalaciones para servir de facilitadora en un diálogo para encontrar soluciones a las demandas sociales, que mantiene a gremios y a la sociedad civil protestando en las calles.
Ante la crisis nacional, la UP recomendó al Gobierno Nacional poner un alto a la especulación en los precios de los alimentos y medicamentos.
Además, considera que esas acciones deben asegurar el congelamiento del precio del combustible y la eliminación del suministro de combustible gratis a los funcionarios, sin que importe el cargo en el engranaje gubernamental.
La primera casa de estudios superiores indicó que en una situación de crisis, resulta resulta inmoral que los ciudadanos deban pagar las cuentas por el uso de celulares de los altos funcionarios, quienes deben empezar a vivir en austeridad y practicar el principio de la solidaridad con los más necesitados.
Asimismo, recomiendan al Gobierno crear un Plan de Emergencia Nacional a favor de los desempleados, y a tomar medidas enérgicas contra los evasores de impuestos, con el objetivo de ordenar las finanzas públicas.
Para la UP, la sociedad panameña precisa en estos momentos de su mayor talento y creatividad para encontrar soluciones plausibles, austeras y efectivas que devuelvan el sosiego a la población y mitiguen, suficientemente, el dolor de los panameños más humildes.
“Es el momento de hacer un alto y dialogar, para rescatar la cohesión social que nos lleve por caminos de compromiso y austeridad gubernamental, distribución de los recursos nacionales para paliar la pesada carga en las espaldas de los más humildes del país”, señala la universidad en un comunicado.
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El diálogo propuesto debe estar fundamentado en una construcción social justa y solidaria, con propuestas coherentes que conduzcan a una nueva relación entre el Estado y el ciudadano en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, derechos humanos y solución de conflictos desatendidos.
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