[VIDEO] En Panamá falta más que justicia para atender los abuso sexuales y maltratos contra menores de edad

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La justicia es necesaria en los casos de niños, niñas y adolescentes abusados y maltratados en albergues en todo el país, sin embargo, el problema solo se resolverá cuando el Estado y la sociedad en general elabore un plan de rescate de la niñez panameña, afirma la psicóloga Jennie Barb, presidenta de la Fundación Unidos por la niñez (Fun). 

Para la experta, en Panamá urgen esfuerzos institucionales y legislativos para lograr un sistema integral de protección al menor de edad, así como legislar para que el crimen no prescriba.

Barb sostiene que es necesario que las personas adultas también puedan denunciar los abusos de los cuales fueron víctimas durante su infancia. "El crimen prescribe, pero el trauma no", dice la psicóloga.

Estadísticas de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) indican que de abril a diciembre del 2020, el consultorio virtual atendió unos 2,651 casos, 27 por posible violencia sexual y 105 por posible violencia doméstica en contra de niños, niñas y adolescentes, de las cuales, solo el 74% de las consultas eran competencias de la entidad.

Este informe corresponde a las atenciones mediante el consultorio virtual habilitado durante el periodo de pandemia, no obstante, las cifras generales de enero a diciembre señalas unos 2,784 casos, de los cuales 168 fueron por maltrato al menor y 68 casos por abuso sexual.

Así mismo, se atendió 373 por riesgo social, 211 adolescentes embarazadas, 42 por trabajo infantil, 37 por abandono, 21 por violencia doméstica, entre otros.

No obstante, para la presidenta de la Fundación Unidos por la niñez (Fun) las estadísticas no son representativas del problema en Panamá, sostiene que son un 'esbozo' de lo que puede estar sucediendo en el país, y las mismas, tienen que multiplicarse por 10.

Sostiene que solo el 5% de los abusos que pasan dentro de las familias se denuncian, y un 10% de los casos que se dan fuera de ellas.

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'Podemos decir que 29 niñas quedan embarazadas al día en Panamá y eso es gravísimo porque contribuye a fortalecer su ciclo de pobreza y de violencia en sus vidas". Son jóvenes que se salen de las escuelas, agrega. 

El registro público de pedófilo y el impedimento para que estas personas puedan trabajar en lugares con niños, es otra de las recomendaciones que hace para enfrentar este flagelo en la sociedad. 

En cuanto a la atención de las víctimas, la experta reconoce que la atención de terapias especializadas no está al alcance de las víctimas, debido a los costos. Ante esto, sugiere la creación de más centros de atención públicos para niños y mujeres violadas.

Barb sostiene que lo acotencido en los albergues bajo la supervisión del Estado panameños, es otra muestra de que las prioridades en el país están invertidas.

"No hay o es muy poca la inversión social en el país. Vemos estos dramas en los albergues, con funcionarios e instituciones donde no pueden hacer más de cuatro cosas por falta de presupuesto y con una mora en materia de niñez que es muy alta", indica.

Sostiene que el presupuesto del Estado está torcido hacia intereses particulares y partidistas, y no se esta considerando los intereses de la nación.

Caso de Albergues

Fiscales especializados en conjunto con un equipo interdisciplinario ha llevado a cabo entrevistas a cerca de 280 niños, niñas y adolescente que habitaban en albergues a lo largo de país para verificar maltrato físico, psicológico o si han sido víctimas de delito sexual u otro tipo de conducta delictiva, indicó el procurador general de la nación interino, Javier Caraballo.

Caraballo señaló que el Ministerio Público ha logrado la imputación de cargo de al menos cinco personas por posible conducta delictiva dentro de los albergues, peculado, peculado y maltrato al menor, dos por delito del maltrato a menor y uno contra la libertad sexual.

La cifra de niños, niñas y adolescente en instituciones de protección al mes de diciembre de 2020, según la Senniaf alcanzó los 1,249, de los cuales 618 menores era femeninas y 631 masculinos, con un 9% de prevalencia de discapacidad, es decir unos 112 casos.

Delitos

Durante el 2020, el Ministerio Público atendió un total de 1,913 denuncias por acceso sexual con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años. 

Así mismo, 306 casos por corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas, que involucran 203 casos por corrupción de personas menores de edad, 13 por proxenetismo, 46 por pornografía infantil, 10 por exhibición de materiales Pornográficos a menores de edad incapaz o discapacitada, 10 por relaciones sexuales remuneradas con personas mayor de catorce años y menor de dieciocho, entre otros.