Eurocámara se pronuncia sobre la primera ley de IA
La ley de IA prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, pero permite que las fuerzas del orden puedan emplear las cámaras de identificación biométrica.
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
El pleno del Parlamento Europeo votará este miércoles la primera ley de inteligencia artificial de la Unión Europea (UE) y del mundo, que fue ya pactada el pasado diciembre por las instituciones comunitarias.
Si los eurodiputados respaldan el acuerdo político, la ley dará un paso más hacia su aprobación definitiva en las próximas semanas, aunque no será hasta 2026 cuando entre en vigor.
La normativa permite o prohíbe el uso de la inteligencia artificial en función del riesgo que suponga para los ciudadanos y, con ella, la UE pretende dar ejemplo al resto del mundo e impulsar a la industria europea frente a Estados Unidos y China.
En líneas generales, la ley de inteligencia artificial prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos pero permite que las fuerzas del orden puedan emplear las cámaras de identificación biométrica, con previa autorización judicial, para prevenir una amenaza terrorista inminente.
También para localizar o identificar a una persona que haya cometido delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual o, por ejemplo, un crimen medioambiental, así como para buscar a las víctimas de estos delitos.
Además, el reglamento establece una serie de obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial generativa en los que se basan programas como ChatGPT, de la empresa OpenAI, o Bard, de Google.
En concreto, tendrán que especificar si un texto, una canción o una fotografía se han generado a través de la inteligencia artificial y garantizar que los datos que se han empleado para entrenar a los sistemas respetan los derechos de autor.
Además, se identifica toda una serie de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que sólo se podrán comercializar si sus desarrolladores garantizan que respetan los derechos fundamentales.
Por ejemplo, los que puedan influir en el resultado de unas elecciones o los que empleen las entidades financieras para evaluar la solvencia y la calificación crediticia de los clientes.