Los ‘piratas’ desafían las leyes y a las autoridades

El caos vehicular de cuatro horas creado ayer por varios transportistas piratas en el Corredor Norte, en la vía Centenario y la provincia de Colón tuvo que ser resuelto con la intervención de agentes antimotines.

Sin embargo, luego de ser reabiertas estas vías, los conductores de estos vehículos, en tono desafiante, advirtieron que esta es la primera de varias acciones que realizarán como medida de protesta por los operativos que llevan a cabo la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Los dueños de estos buses aseguran que la autoridad les ha montado una persecución y que ellos cumplen con las medidas de seguridad estipuladas en el reglamento del Tránsito. Empero la cantidad de boletas y sanciones que se les aplican a diario contradicen el discurso de los “piratas” que se escudan en la deficiencia del metrobús en el área metropolitana.

La mayoría de los busitos piratas violan las reglas del Tránsito

Una consulta a las estadísticas de la DNOT deja en evidencia que además de prestar el servicio de forma ilegal, estos mal llamados ‘transportistas’ cometen todo tipo de infracciones tras el volante.

Se pudo conocer que solo en los 6 primeros meses del 2014 se han aplicado más de 1,000 boletas a choferes de buses del transporte público. El 70% de estas fueron entregadas a los conductores de los busitos piratas, aseguró Aldo Macre, director de la DNOT.

“Casi todas esas multas son por superar los límites de velocidad establecidos, el resto y no menos importante, son por no contar con seguros de vida para pasajeros en caso de accidentes, por llevar vidrios ahumados, por colocar música estridente y por no contar con la licencia de conducir tipo B 1 y B2 que es la que habilita a dicho portador conducir transporte público en Panamá”, sostuvo .

El solo hecho de no contar con una póliza de seguro representa tremendo peligro para los usuarios que recurren a este tipo de transporte, declaró Carlos Harris, exdirector de la ATTT.

“Es un gran riesgo porque de sufrir un accidente, no hay garantías de que el conductor se haga responsable de las lesiones causadas”. Harris explicó que, a pesar de que estos vehículos no están asegurados, los afectados pueden demandar civil o penalmente a estos choferes si ocurre alguna muerte o si la lesión provoca una incapacidad mayor a los 30 días. “Si el responsable del accidente es el transportista, el dueño del bus o incluso un tercero, el afectado puede demandar”, mencionó Harris.

Por su parte Hugo Polo, dirigente transportista de San Miguelito, expresó que sus vehículos sí cumplen con las reglas y que el actual Gobierno les ha montado una verdadera cacería de brujas.

“El cierre del Corredor Norte y otras carreteras se dio porque las autoridades nuevamente han salido a realizar operativos en contra nuestra. Es una persecución porque el presidente electo, Juan Carlos Varela, ha dicho hasta la saciedad que nombrará una comisión para integrarnos al metro interno”, destacó.

Polo también manifestó que la Resolución N.° 003 de 14 de enero de 2014, emitida por la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional de Diputados, les permite rodar hasta que el sistema metrobús se adecue.

Esta aseveración fue desmentida por el director de la ATTT, Roberto Moreno, quien aseguró que la mejora de este sistema implementado a partir del 2010 en nuestro país, ya está ocurriendo, con la entrada en funcionamiento del metro. De diez puntos álgidos, Mi Bus ha mejorado en 8, aseguró Moreno.

“Hay que aceptar que la empresa ha hecho su esfuerzo. La frecuencia es mucho más continua, lo que pasa es que la gente piensa que llega más rápido en piratas porque estos manejan a toda velocidad y por los hombros para evitar tranques, lo cierto es que estos usuarios se corren el riesgo de ser bajados en medio camino si estamos haciendo operativos”, sentenció el funcionario.

Otro punto que juega en contra de los buses piratas es la habilitación del metro de Panamá, que inició funciones a partir de abril de este año, destacó Nicolás Brea, subdirector de la ATTT.

“Los residentes de Santa Librada, Torrijos Carter, Veranillo y otras comunidades aledañas ya no tienen que montarse a un pirata porque tienen el metro que los lleva a su destino más lejano que es Albrook en 25 minutos y además es mucho más barato que el transporte pirata”.

A diferencia de la opinión de estos dos funcionarios, Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección del Usuario del Transporte Público en Panamá, la situación no ha avanzado mucho como pregona la ATTT. “La verdad es que los usuarios estamos pasando serios problemas a la hora de abordar un bus, pasamos mucho tiempo en las zonas pagas. De lunes a viernes la frecuencia es crítica, pero los días libres y feriados es aún peor”, cuenta la entrevistada.

Piratas, ¿un negocio?

A raíz de la resolución que permitía circular a los busitos piratas en San Miguelito, varios exdirigentes transportistas acusaron de forma directa al diputado Marcos González, junto con Hugo Polo y ciudadanos extranjeros de ser los patrocinadores de esta actividad de la que supuestamente lucran. Hace unos días, Milton Prescott, exsindicalista del transporte en el sector de La Cabima, al norte de la capital, acusó a González y a Polo. “Esto se ha proliferado porque hay un gran negociado con un chino, una colombiana y dos mexicanos. Mi amigo Hugo Polo criticaba esto... Mi amigo Marcos González también está en esto...”, sentenció el dirigente.

Al respecto, el propio Hugo Polo negó tales declaraciones y señaló que solo 65 de estos busitos tienen el permiso de la Resolución 003. “Hay otros 20 en Santa Librada que están rodando que no son nuestros... Nosotros no tenemos ningún negociado, el verdadero negocio está en las paradas y zonas pagas”, expresó Polo.

Pero esta situación no solo se da en San Miguelito, sino en áreas de gran demanda como La Cabima, Villa Acuario, Villa Grecia, San Vicente y Chilibre. En un recorrido periodístico realizado por Panamá América se pudo notar que en La Cabima, los secretarios o pavos de estos transportes son menores de edad. Adicional, según contaron algunos de los usuarios de esos lugares, les cobran una tarifa diferente a la hora que sea. “A veces es 50 centavos, otros días un dólar y así nos llevan, aprovechándose de nuestra necesidad”, denunció un viajero de La Cabima. La tarifa va de 50 centavos a 2.00 dólares.

El sector oeste tampoco escapa de esta realidad. Esta actividad, que se inició de forma solidaria cuando el propietario de algún vehículo decidía darle un aventón a algún vecino o compañero de trabajo, se ha convertido en otro grave problema que ha afectado directamente a los transportistas legalizados, argumentó Luis Canales, transportista de ese sector.

“Las rutas de Vacamonte, Burunga y Nuevo Chorrillo, en el distrito de Arraiján, y los que viajan hacia La Chorrera denuncian que el transporte pirata ha mermado sus ingresos y que cada día se suman más transportistas ilegales al negocio sin que las autoridades hagan algo al respecto”, dijo.

A pesar de la polémica, hay una luz en el camino, aseguró Ernesto Cedeño, abogado experto en contrataciones públicas. El jurista recomienda a las autoridades rescindir el contrato con la concesionaria Mi Bus a través de la vía legal.

“El Gobierno puede iniciar un proceso de resolución del contrato público, porque hay incumplimiento de este en la frecuencia de los 15 minutos. Cuando tú resuelves un contrato, no tienes que indemnizar a nadie, solo compensar los vehículos y los bienes inmuebles”, explicó.