La iniciativa, pese a su falta de reglamentación, fue prohijada por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.
El monto máximo puede llegar hasta los 10,000 dólares para aquellos transportes o peatones que hayan sido afectados por huecos.
Este sería el segundo caso de la dictadura militar en ser reabierto, luego que hace una semana se ordenara la reapertura del expediente de Héctor Gallego.
Con la Ley 458, sancionada el pasado 3 de diciembre, los descendientes y parientes de la víctima tendrán derecho a cobrar la indemnización, si esta fallece.
