Este sería el segundo caso de la dictadura militar en ser reabierto, luego que hace una semana se ordenara la reapertura del expediente de Héctor Gallego.
Con la Ley 458, sancionada el pasado 3 de diciembre, los descendientes y parientes de la víctima tendrán derecho a cobrar la indemnización, si esta fallece.
Etesa defendió altas indemnizaciones que se pretenden pagar a autoridades salientes, lo que no convenció al presidente electo que lo tilda de inmoral y abusivo.
El fallo contra el Estado incluirá sanciones morales que alejan las inversiones extranjeras, además deberá indemnizar a la persona afectada como ya ha sucedido.