Minería ilegal y tala, en las redes del crimen organizado

La minería ilegal y la tala indiscriminada son los delitos ambientales de mayor impacto a los que constantemente deben hacerle frente las autoridades panameñas.

Estas prácticas al margen de la ley han escalado, llegando a tener fuertes vínculos con la delincuencia organizada.

La Fiscal Superior de Ambiente, Fátima Sánchez, recalca que debe cambiar la perspectiva con la que se ven los delitos ambientales, precisamente por el nivel que han alcanzado.

"Las modalidades han cambiado. Están totalmente vinculadas al tema del narcotráfico o trata. Uno de los ejemplos más claros es la minería ilegal, que abarca la trata, el narcotráfico y las armas", dijo Sánchez durante el primer congreso sobre la Importancia de la Seguridad y Protección del Patrimonio Natural.

Según la fiscal, en el tema de la minería ilícita gracias a la operatividad y el trabajo articulado con los estamentos de seguridad ya saben dónde están estos focos y el trabajo que tienen que ejecutar.

Sánchez agrega que ya están utilizando técnicas especiales de investigación para delitos ambientales, independientemente de que tengan ya una estructura definida.

Destacó que en el país hay un fuerte tráfico de madera de especies protegidas, como ocurre con el cocobolo (Dalbergia retusa).

"La tala nos afecta y se está haciendo de una manera indiscriminada. Tenemos que ver el tema del tráfico de maderas. En Panamá está prohibida la exportación de cocobolo y se sigue dando, entonces alguien no está haciendo su trabajo", agregó la fiscal.

Uno de los aspectos más complejos al atender delitos ambientales es que se tiende a minimizarlos, no analizando el alcance complejo de su impacto.

La fiscal admitió que es difícil lograr una medida provisional de detención por este tipo de delitos.

"Tenemos penas muy bajas. Los jueces aún no lo ven así (como algo grave)", añadió la funcionaria.

A criterio de Sánchez también debe haber un trabajo de concienciación con los jueces y la ciudadanía para cambiar esta cultura.

Acciones

El mayor Arcadio Jurado, jefe del Servicio Especial de la Policía Nacional Ambiental, reitera que la minería ilegal y la tala se constituyen en los delitos ambientales que tienen mayor impacto en Panamá.

"La minería ilegal es una práctica indiscriminada de extracción de minerales tanto brillantes como no brillantes de nuestro suelo sin control y lógicamente sin ninguna autorización. Hemos encontrado lugares en donde ciudadanos al margen de la ley represan ríos y los sacan de su cauce", expuso.

Jurado precisa que muchas veces estas personas utilizan químicos que pueden afectar las reservas hídricas, que son la principal fuente de abastecimiento de agua potable de las poblaciones aledañas.

Además deben enfrentar el acaparamiento de tierras, el cual se da cuando personas se hacen de terrenos que tienen cobertura boscosa y los utilizan para desarrollo agropecuario causando deforestación y erosión.

Por su parte el capitán Edwin Rodríguez, jefe de la Unidad de Inteligencia contra Delitos Ambientales, señaló que las estrategias para hacerle frente a los delitos avanzan de mano con la inteligencia.

Destacó que desde el inicio del trabajo conjunto han decomisado más de 30 contenedores con madera de cocobolo.

"Es una madera de un alto valor en el continente asiático. Cada contenedor, por hablar de números, son 28 toneladas y tienen un valor aproximado de uno a dos millones de dólares en Asia. Entonces estamos atacando contundentemente al crimen organizado transnacional que se presenta aquí en Panamá a través de las actividades contra el ambiente", sentenció Rodríguez.

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