Contrataciones directas, una excepción que se convierte en costumbre

La transparencia es uno de los temas que menos se toma en serio en Panamá, especialmente cuando se habla de contrataciones directas con el Gobierno Nacional.

Un informe de Panamá Transparente reveló que 26 de 38 instituciones gubernamentales que cuentan con mayor presupuesto no cumplieron con tener información actualizada sobre las contrataciones públicas que realizan en su sección de transparencia de su portal electrónico.

En la actual administración, hay entidades que han utilizado el método de contratación directa para la ejecución de proyectos, lo cual no es ilegal, pero se presta para la corrupción. Hablamos de Tocumen S.A., Secretaría del Metro, el propio Gobierno central, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), etcétera.

Para el abogado Ernesto Cedeño, las autoridades no le han dado énfasis a la transparencia para que pudiera llegar al fiscalizador (ciudadano) e investigar el uso dado a los recursos del Estado.

Afirmó que es una falta de voluntad para hacer las cosas de una manera más transparente.

Agregó que el portal de PanamáCompra no tiene un buscador amigable para conocer si las entidades cumplieron con subir las contrataciones directas que realizan, lo cual debilita la transparencia.

Cedeño indicó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) es la responsable y debe hacer el esfuerzo para motivar al poder Ejecutivo para que ajuste las normas y se le dé facultad dentro de la Ley de Transparencia de sancionar a quienes no cumplen.

Por su parte, Carlos Lee, miembro de Alianza Ciudadana, dijo que hay una falta de cultura en la rendición de cuentas por parte de los funcionarios y las entidades públicas.

"No hay una cultura de rendición de cuentas en el país, sin embargo, la reglamentación que establece la Ley 6 de Transparencia implica que es una obligación que esta información sea actualizada constantemente en las páginas web de las instituciones", expresó el jurista.

Manifestó que las entidades no tienen integrado un personal encargado de hacer ese trabajo de actualización.

"Lo han dejado como una cosa voluntaria, por lo que la Antai debe garantizar que cada entidad tenga un personal entrenado para la actualización no solo de este tema", añadió.

Señaló que, normalmente, lo que sucede es que una vez la Antai pide la información, las entidades quieren actualizar la sección, pero después no se verifica más.

En tanto, Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, coincidió con Lee en que en las instituciones debe haber una persona o un grupo de personas que identifiquen la importancia del acceso a la información de carácter público.

Gasnell añadió que falta una transparencia activa y voluntad de contactar por diferentes medios al ciudadano.