Gobierno de Chiapas sabía de matanza

La defensora del pueblo mexicano, Mireille Rocatti, reveló que altos funcionarios del gobierno de Chiapas, sureste del país, incluido el gobernador Julio César Ruiz Ferro, sabían que se iba a perpetrar una matanza, no la impidieron e, incluso, protegieron la huida de los agresores.

La prensa mexicana publicó ayer, fragmentos del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defensora del pueblo sobre la matanza de 45 personas el pasado 22 de diciembre en la comunidad de Acteal, en el municipio chiapaneco de Chenalhó.

"Los servidores de las distinas áreas de la secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, así como la Procuraduría General de Justicia y por ende, el gobernador de ese estado Julio César Ruiz Ferro fueron oportunamente enterados de los hechos ocurridos en Acteal", indica el periódico mexicano "Reforma".

La CNDH presentó el pasado jueves un informe sobre la matanza a manos de paramilitares militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el gobierno, y del Frente Cardenista (PFC), en el cual recomendó a la Fiscalía General investigar a 17 altos funcionarios del gobierno de Chiapas, incluido el gobernador.

En esa ocasión la defensora del pueblo también recomendó al nuevo gobernador interino, Roberto Albores Guillén, cesar a deiceseis colaboradores por su presunta omisión en la matanza.

"De haber tomado acciones necesarias para su atención, pudieron haber evitado la tragedia", reveló Mireille Rocatti.

El informe señaló también que funcionarios públicos de Chiapas sabían que se preparaba el ataque contra desplazados indígenas en Acteal y se les ordenó no intervenir.

Según la CNDHA, a las fuerzas de Seguridad Pública estatal se les ordenó proteger al grupo agresor y permitir su fuga tras los asesinatos, y, a pesar de las advertencias del vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, el gobierno de Chiapas restó importancia a la matanza.

Además, los altos funcionarios del gobierno local incurrieron en sus declaraciones ministeriales en contradicciones y omisiones, "en particular la Coordinación General de Seguridad Pública que alteró un documento que contiene información relevante", añade la CNDH.

Según los primeros resultados de la investigación de la defensoría del pueblo, Mireille Rocatti hizo un llamamiento al ministerio público para que amplíe sus pesquisas sobre "omisiones, irregularidades y negligencias en que incurrieron servidores públicos".

La prensa local indicó que los agresores conocían que los desplazados de Acteal, en su mayoría niños y mujeres, no estaban protegidos por el programa de Seguridad Pública y que no se iba a repeler un ataque contra esta comunidad.

Después de la matanza, la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la investigación, detuvo a 49 personas, 46 de ellas se enfrentan a un proceso penal mietras las otras tres son menores, por lo que fueron recluidos en un centro correccional.

Entre los presuntos asesinos se encuentra el alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, quien declaró haber facilitado armas, transporte y uniformes a los agresores, a los que instigó para perpetrar el ataque.

La PGR señaló recientemente que persigue a otras 40 personas presuntamente vinculadas con la matanza mientras indígenas supervivientes del ataque denunciaron que en otras comunidades se encuentran más agresores, que se pasean impunemente.

El gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, acusado por la diócesis de San Cristóbal, el opositor Partido de la Revolución Democrática y organismos civiles defensores de derechos humanos, de permitir la violencia en Chiapas, renunció al cargo el pasado miércoles y fue sustituido por Roberto Albores Guillén, también miembro del PRI.