AMP: una entidad que perdió el prestigio y el liderazgo mundial

La administración de Noriel Araúz al frente de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) finaliza esta semana dejando una entidad con la imagen manchada de escándalos, irregularidades y degradando a Panamá de la primera posición mundial que por muchos años lideró en el abanderamiento de embarcaciones. Durante su mandato,

Araúz enfrentó múltiples controversias. Uno de los primeros grandes escándalos ocurrió en junio de 2020, cuando se produjo un derrame de 250 mil galones de combustible en el Pacífico del Canal de Panamá, provocado por la embarcación Sea Lion.

Aunque inicialmente la AMP revocó la licencia de la empresa operadora, Sea Energy Shipping Inc., en 2021 se devolvió la licencia a dicha empresa, generando acusaciones de favoritismo y falta de transparencia. Por este caso el abogado ambientalista, Harley Mitchell presentó una denuncia penal contra Sea Energy Shipping Inc por haber puesto en riesgo el ambiente, denuncia que posteriormente fue ampliada para incluir al administrador de la AMP por los supuestos delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de omisión de funciones como servidor público.

Mitchell dijo que no era justificable que la AMP y su administrador general, teniendo todas las informaciones pertinentes en el ejercicio de su competencia, hayan callado en lugar de tomar acciones administrativas en contra de Sea Energy, Inc, que por el contrario, mantuvo su licencia de operación.

Otro caso significativo involucró a Sea Energy Shipping Inc, fue el de la nave Gi Bunker 100, que recibió una patente para el despacho de hidrocarburos a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones legales.

El abogado Roberto Ruíz Díaz, hoy vicealcalde de la ciudad de Panamá, denunció una supuesta manipulación en la fecha de quilla de la embarcación, lo que provocó más críticas hacia la administración, ya que en los documentos oficiales se cambió la fecha de puesta de quilla, que fue en 2005, y donde se evidenciaba que la nave tenía más de 15 por lo que no podía prestar el servicio de despacho de combustible.

Ruiz Díaz denunció penalmente al administrador y al director de Marina Mercante de la AMP, Rafael Cigarruista por omitir información importante en documentación oficial. Según el abogado denunciante es contradictorio que la administración, con Noriel Araúz al frente, había cancelado la licencia de operaciones a Sea Energy y de pronto aparece con su licencia, pero "introduciendo una nave que no cumple los requisitos necesarios para prestar los servicios de transporte de combustible", sostuvo el jurista al momento de presentar la acción legal.

La contratación sin licitación de Stward Inc., una empresa propiedad de Pablo Torres, amigo de Araúz, también levantó sospechas de corrupción. Estos contratos millonarios para el transporte de funcionarios de la AMP violaron la legislación de la entidad y nunca fueron abordados públicamente por la AMP.

A pesar de las quejas por la poca transparencia de estos procesos, el jefe de la AMP mantuvo vigentes estas polémicas contrataciones.

Esta empresa fue beneficiada más de una vez por el administrador Araúz, ya que en diciembre de 2022, la empresa de Pablo Torres volvió a estar en el centro de la controversia al recibir un contrato de exclusividad para el despacho de bunker en puertos administrados por Colón 2000.

Esta medida fue criticada tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo por la multinacional de cruceros Carnival, que argumentó que la restricción agregaba complejidad y sobrecostos a sus operaciones.

En una comunicación firmada por Michael T. MacNamara, vicepresidente de Abastecimiento Global de Combustible de Carnival, expresó que la "restricción (...) agregaría complejidad y sobrecosto a nuestras operaciones en la región" y no sería constructiva para el negocio de búnker en la región.

A pesar de esto, Araúz no movió un dedo para interceder ante Colón 2000 para cambiar la decisión.

Tropiezos y errores administrativos

La renuncia abrupta de Ana Margarita Reyes, subadministradora de la AMP, en julio de 2022, alimentó las especulaciones sobre irregularidades dentro de la administración. Posteriormente, Araúz fue denunciado por autorizar un desguazadero en Colón sin los estudios ambientales necesarios.

En enero de 2023, la organización United Against Nuclear Iran acusó a la AMP de permitir que buques iraníes evadieran sanciones utilizando la bandera panameña, generando demandas de una investigación exhaustiva.

En junio de ese año, la marina mercante de Panamá cayó en la lista gris del Memorando de Entendimiento de París, pasando del puesto 36 al 46 y reflejando un descenso significativo en su reputación internacional.

Finalmente, en noviembre de 2023, Araúz fue acusado de favorecer a tres empresas en la emisión de certificados médicos para marinos, excluyendo a una cuarta empresa que ofrecía mejores condiciones.

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