Condenan negativa de Colombia a acatar fallo de la OMC a favor de Panamá

Actualizado 2016/08/03 16:48:59

Redacción/@PanamaAmerica

Para el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, el Gobierno debió ser más enérgico hace mucho tiempo. Exministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Roux considera que la actitud de Colombia es un irrespeto hacia Panamá.

La decisión del Gobierno Colombiano de mantener aranceles a la importación de Zona Libre de Colón (ZLC) y la inacción del Gobierno panameño ante esta situación continúa generando reacciones.

Para el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, el Gobierno debió ser más enérgico hace mucho tiempo. De Lima recordó que desde el 2013 la Organización Mundial de Comercio (OMC) reconoció la ilegalidad en la aplicación de la tarifa arancelaria y desde entonces, Colombia ha ignorado acatar la decisión del organismo.

"Somos países vecinos y no entiendo la postura del gobierno colombiano de castigar a la Zona Libre de Colón con estas medidas de aranceles a textiles y calzados", dijo.

Para el exministro, es momento que Panamá aplique medidas diplomáticas como suspender las negociaciones del Tratado de Libre Tributación que espera Colombia hasta tanto, no retire los aranceles y firme el Tratado de Libre Comercio (TLC) que permitiría a Panamá formar parte de la Alianza del Pacífico.

Por su parte el empresario Aníbal Galindo coincide en que el Gobierno debe actuar como corresponde, con la premura del caso.

Galindo advierte que tanto la ZLC, empresarios, trabajadores y el pueblo en genera sufre perjuicios por la actitud que ha adoptado el gobierno de Colombia, mismo que no se conpagina siendo un país vecino.

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En tanto, el exministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Roux considera que la actitud y comportamiento de Colombia es un irrespeto hacia Panamá.

Roux respalda cualquier medida de retorsión que haga a Colombia respetar las norma de la OMC, así también espera que el Gobierno tenga la capacidad de defender a la ZLC, la industria y al pueblo panameño.

Colombia prorrogó hasta el 1 de noviembre la aplicación de aranceles de 10% a los calzados y textiles provenientes de la Zona Libre de Colón y un cargo de 5 dólares por cada contenedor, con el argumento de que la medida busca evitar el contrabando y el lavado de dinero.