Contrataciones de Etesa no tendrían un control previo

La eliminación del sistema de licitaciones para la compra de potencia y energía y la instalación de una nueva junta directiva son algunas de las preocupaciones que existen por las modificaciones a la Ley 6 de 1997 a través del proyecto de Ley 573 que modifica las operaciones de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa).

Algunos miembros del sector energético aseguran que los cambios serían perjudiciales para los usuarios de las empresas de distribución eléctrica y hay quienes opinan que las modificaciones son necesarias para mejorar la delicada situación que enfrenta Etesa.

Gustavo Bernal, exsubgerente de Etesa y ahora presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), dijo que una de sus preocupaciones es que Etesa ya no sería fiscalizado por la Contraloría General de la República, porque la ley le permitiría a la empresa realizar contrataciones fuera de la Ley de Contrataciones Públicas.

"Al salir del régimen de contrataciones públicas, Etesa no tendría que seguir los controles previos que en la actualidad debe cumplir para contratar a una persona o compañía", señaló.

Aseguró que esta medida podría incrementar el precio en la adquisición de bienes y servicios por parte de Etesa y obviamente en la ley no está garantizada la transparencia del proceso.

Añadió que el riesgo sería que Etesa ya no dependería del régimen de Contrataciones Públicas, sino que ellos tienen que redactar un reglamento de contrataciones a la hora de comprar el producto.

"Si no hay competencia, los costos para Etesa podrían aumentar porque las personas no estarán en una competencia real, sino que dependerán de la demanda", resaltó.

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No obstante, en el caso de que aumente la tarifa de transmisión, la cual se revisa cada cuatro años, el ajuste será trasladado a los usuarios.

Bernal explicó que la tarifa de transmisión está fijada por los próximos cuatro años, y de darse un aumento, la Autoridad de Servicios Públicos (Asep) tiene que aprobar la medida.

Mientras, los distribuidores de energía han manifestado que la aprobación del proyecto podría generar un aumento en los subsidios cubiertos por el Estado, así como afectaciones a la tarifa del usuario final.

Por su parte, Pastor Cabrera, de la Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), señaló que está de acuerdo en que los fondos públicos hay que cuidarlos y para eso existen los controles, pero no puede ser que Etesa tenga todos los controles que tienen los ministerios.

Se le debe dar cierta flexibilidad a Etesa para que pueda actuar a tiempo y no reciba las multas que hoy día se le aplican, dijo Cabrera.

"La modificación a la ley agiliza la administración y le da potestad a Etesa para contratar algunos servicios de una forma más ágil sin pasar por los controles burocráticos que tiene la Contraloría", agregó.

Considera que la ley que rige a Etesa afecta el desarrollo de su plan de expansión.

La diputada Zulay Rodríguez afirmó que el proyecto no tiene pretensiones de mejorar la calidad de vida de los panameños fortaleciendo el sector energético, todo lo contrario, ya que busca hacer un monopolio disfrazado para el beneficio de un solo grupo económico privatizando Etesa y, sobre todo, aumentando el costo de la energía eléctrica.

Otro de los cambios que se contemplan en el documento es que Etesa podría autorizar traslado de partidas dentro del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, pero con autorización del MEF, también sobre la eliminación de artículos como el número 4 y 5 relacionados con el interventor.

Etesa ha señalado que las modificaciones a la Ley 6 de 1997 son necesarias para afrontar los retos que el sector energético nacional tienen en este momento.

Además negó un aumento en el costo de la energía a los usuarios y que la misma empresa sea privatizada, ya que en este momento es privada.