El saqueo post invasión de Panama: balance de pérdidas y ganancias

Todavía no se ha desvanecido el recuerdo de aquellas escenas bochornosas de hace 10 años en Vía España y otros lugares , en donde los miembros de una familia, de pronto transformados en una banda de asaltantes, arrastraban muebles y cajas de ropa de una tienda con el fin de apropiarse de la mercancía, mientras que un par de amigos de lo ajeno, al otro extremo de la calle, con una pata de cabra forzaban la puerta de una joyería o turbas exaltadas desvalijaban containers recién desembarcados en Colón .
El saqueo estremeció la ciudad capital en los días posteriores a la intervención militar de los Estados Unidos del 20 de diciembre de 1989 por la carencia de protección policial. Este hecho, sin antecedentes en los anales de Panamá, ha quedado como una pesadilla en los recuerdos de los comerciantes afectados.
Porque , al trauma del asalto de irresponsables que desvalijaron sus almacenes, los empresarios agregaron una lesión económica mayor: la negativa de las compañías de seguros a cubrir las pérdidas ocasionadas por los saqueos.
Las reclamaciones dieron lugar a largos y complicados litigios legales entre las aseguradoras y las empresas. Diez años después flotan, como un recuerdo turbio, que desata polémicas crispadas.
La mayoría de las aseguradoras no pagaron las pólizas contratadas, argumentando que, en caso de guerra, no deben pagarse. Y los tribunales convalidaron esa apreciación. Sin embargo, jurídicamente no existió una declaratoria de guerra. La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente propone la declaratoria de guerra, pero el Senado debe ratificarla. Esas formalidades no existieron en la intervención armada norteamericana a Panamá. La Corte Suprema de Estados Unidos se lavó las manos y respondió que no tenía competencia sobre sucesos producidos en Panamá a las demandas planteadas por representantes de empresas panameñas que reclamaban el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios de la invasión. Pero realmente, sin formalidades legislativas, hubo un conflicto armado de hecho, presumiblemente amparado en los Tratados Torrijos - Carter, que otorgan a Estados Unidos la opción de intervenir militarmente si considera que la seguridad del canal está amenazada.
Sin embargo, hubo casos exepcionales en los que algunas empresas lograron que les pagaran los seguros contratados.