Empresarios solicitan a Ejecutivo vetar ley de contrataciones públicas

En aras de que el país experimente mejores prácticas que favorezcan el clima de transparencia en los procesos de contrataciones públicas, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) le solicitó al presidente Juan Carlos Varela no sancionar ni vetar parcialmente el recién aprobado proyecto de ley N.° 305.

Este proyecto reforma la Ley 22 de 27 de junio de 2006, la cual regula la contratación pública y crea la Dirección General de Contrataciones Públicas que buscará garantizar que los actos que se realicen en los procedimientos de selección de contratista que celebren las diferentes instituciones del Estado sean transparentes.

Apede considera que las modificaciones a dicha ley deben ser revisadas porque lesionan el principio de transparencia que tanto se ha promulgado y no obedecen al consenso generalizado de la sociedad.

El comunicado señala que se espera un manejo prístino (inalterado) en este proceso que ha sido el eje central de serios temas de corrupción; tanto de empresas privadas como de funcionarios.

Morabia Guerrero, presidenta de la Apede, señaló que con la aprobación en tercer debate de este proyecto se ha perdido una gran oportunidad de revisar una ley que estuviera acorde con los estándares internacionales para combatir la lucha contra la corrupción, lavado de dinero y el terrorismo.

En marzo, la Apede hizo entrega de un documento a los diputados que contenía modificaciones puntuales a la Ley 22 y que comprendía varios meses de trabajo de sus miembros; sin embargo, dichas propuestas no fueron consideradas.

En el documento, basado en mejorar las contrataciones públicas, los ejecutivos solicitaban a los diputados la subsanación de documentos como requisitos obligatorios, la eliminación del procedimiento especial de adquisiciones de emergencia, sanción de inhabilitación y que no se aplique el silencio administrativo en entidades licitantes.

Datos de interés

El proyecto de ley número 305, que modifica el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y que regula la contratación pública, fue aprobado el 30 de abril por la Asamblea Nacional, durante la última sesión del periodo ordinario de sesiones.

Grupos organizados de la sociedad civil también le han solicitado al presidente de la República, Juan Carlos Varela, vetar el proyecto de ley de contrataciones públicas.

Con estas modificaciones se crea la Dirección de Contrataciones Públicas que busca garantizar que los actos para la selección de contratistas se hagan como establece esta ley.

Guerrero enfatizó que el documento aprobado por los diputados tiene mejoras y es bueno lo que se ha hecho, porque no se trata de estar en contra de todos; sin embargo, el trabajo que se ha hecho no es suficiente y tiene oportunidades de mejoras sustanciales.

Recientemente, el abogado y experto en derecho constitucional Ernesto Cedeño señaló que desde el punto de vista jurídico es una ley que se puede entender como inconveniente, y lleva el mensaje desastroso de que el país les está dando la bienvenida a empresas corruptas.

Cedeño argumentó que la norma aprobada "violenta un convenio anticorrupción suscrito en Naciones Unidas (ONU) por Panamá", que "precisamente plantea que no se pueden contratar empresas corruptas".

El abogado agregó que demandará ante el Supremo panameño por "inconstitucional" la norma si llega a ser avalada por el presidente del país, Juan Carlos Varela, quien aún debe firmarla para que sea publicada en la Gaceta Oficial y entre entonces en vigor.

Otro que se mostró a favor del veto legal del proyecto de ley 305 fue el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien dijo que se debe impedir que empresas condenadas por corrupción en el extranjero sean contratadas en Panamá.