Equilibrio económico del contrato, un alivio a las constructoras

La pandemia generada por la covid-19, el cierre de los puertos en Asia y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, sigue impactando el costo de la materia prima y materiales en la construcción. Como referencia, el precio del acero a inicio del año 2020 era de 600 dólares la tonelada, en la actualidad dicho rubro triplica su valor; es decir, 1,177 dólares.

Esto representa un fuerte impacto a la economía del contratista en la ejecución de los proyectos de infraestructuras con el Estado, partiendo de la base de que estos contratos nacieron con un precio totalmente diferente al del mercado actual.

En ese sentido, muchos de los contratistas locales aplicando el principio de la buena fe, han continuado la ejecución de dichos proyectos asumiendo los costos financieros de éstos, provocando así transgresión a sus finanzas, señalaron empresas agremiadas a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). Esta situación ha dado paso a la aplicación del equilibrio económico del contrato, una figura muy poco invocada por los contratistas en el país, la cual representa una salida o alivio al estrangulamiento financiero que tienen las empresas contratistas a costa de mantener sus compromisos con el Estado.

El equilibrio contractual es reconocido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ante hechos imprevisibles que afectan las condiciones de la empresa constructora, como lo fue el fuerte incremento de muchos de los materiales de construcción en la era postpandemia.

El equilibrio contractual es una forma de poder ajustar el presupuesto de materiales con la inflación real del mercado para evitar que las empresas constructoras colapsen ante distorsiones como la que ha tenido el precio del acero a nivel internacional.

La DGCP sostiene que el equilibrio contractual es la posibilidad que tienen las entidades contratantes junto con los contratistas, de poder suscribir los acuerdos y pactos que sean necesarios a fin de poder restablecer el equilibrio de dichos contratos.

Estos acuerdos deben formalizarse de la manera prevista en la modificación del contrato; es decir a través de una adenda, señaló la DGCP en una explicación dada al ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Ante ello, la DGPC citó textualmente la cláusula: "en los contratos públicos de duración prolongada, se podrán pautar cláusulas y condiciones encaminadas a mantener, durante la vigencia del contrato, el equilibrio contractual existente al momento de la celebración del contrato con la finalidad de que, si tales condiciones se alteran por hechos extraordinarios e imprevisibles, se pueda modificar para mantener el equilibrio.

Un economista experto en el tema explicó que el equilibrio contractual debe ocurrir cuando por causas debidamente sustentadas y probadas no imputables a quien resulte afectado, ocasiona un desbalance del contrato; ya sea en el ámbito económico, por motivos de derechos reconocidos por la Ley de Contrataciones Públicas, como lo son intereses moratorios, presencia extendida, gastos financieros por factoraje (cuando el contratista para culminar las obras recurre a los entes bancarios y financieras cediendo'vendiendo sus cuentas o contratos, para obtener la liquidez financiera y culminar la obra para no incumplir con el Estado); trasladando el Estado, consecuencias financieras de impacto en la economía en las empresas panameñas (contratistas), exponiendo a la quiebra a las mismas, luego de años de trayectoria.

Señaló que de igual manera, se puede realizar la reclamación económica, por variación de precios, por ejemplo, un aumento exponencial en los precios de la materia prima y de los materiales de construcción como se ha dado en los últimos tres años, entre ellos el acero, situación que ha puesto entre la espada y la pared a los contratistas; lo que ocasiona costos no contemplados en su propuesta original, afectando de esta manera la ejecución de las obras del Estado.

Estos acuerdos deben incluir montos, condiciones, forma de pago de gastos adicionales y reconocimiento de los costos financieros e intereses.

Voceros de muchas de las empresas de construcción aclaran que técnicamente no se trata de un tema de alza el precio de las obras, sino una forma justa de reconocerle al contratista el costo de la inflación de los precios de los materiales de hechos extraordinarios no atribuibles a la empresa. Todo conforme a través de informes oficiales, como el índice de Precio al Consumidor que emite la Contraloría General de la República.

Entre las obras sujetas al equilibrio contractual está la construcción del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) que ha mantenido su ritmo de construcción a pesar de la escalada de precio en los materiales de construcción. Se trata de una obra de 65 millones de dólares que beneficiará a más 5 mil estudiantes y que ya tiene más del 70% de avance.

"Después de veintisiete años los profesores, estudiantes y administrativos del Centro Regional Universitario de San Miguelito, por fin cumplen su gran anhelo de tener un edificio propio, distribuido en 7.7 hectáreas, se está haciendo algo hermoso, algo de lujo y que va a cambiar toda la lógica de San Miguelito y Panamá Norte", dijo Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá cuando se dio inicio a la obra ubicada en la barriada Las Cumbrecitas, distrito de San Miguelito.

El nuevo centro universitario contará con laboratorios, áreas deportivas, auditorio, biblioteca, aulas de clases y centro de innovación tecnológica, entre otras capacidades.

Las actuaciones y decisiones de los representantes legales de las entidades y de su equipo de trabajo marcan un impacto en la economía del país, positiva o negativamente para los contratistas; por la cual es importante recordar que el servidor público solo debe hacer lo que la ley le permite, y dicho reconocimiento no debe dilatar los trámites administrativos que conlleve o incremente los pagos que debe realizar a los contratistas, señaló un representante de una constructora afectada por el alza en los precios de los materiales.

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